UDP presenta Informe sobre Derechos Humanos 2023: evalúa proyecto constitucional, agenda de seguridad y reforma de salud, entre otras materias.

A un mes de un nuevo plebiscito constitucional, y ante políticas y medidas que representan avances y serios desafíos en materia de derechos humanos, la Universidad Diego Portales publicó la edición 2023 de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, que evalúa el desempeño del Estado frente a sus obligaciones internacionales en la materia. La vigésimo primera versión del documento reúne investigaciones originales de una veintena de juristas, académicas y académicos, presentadas en once capítulos temáticos que abarcan desde la protección de la infancia y la provisión de seguridad hasta la transparencia empresarial, pasando por la restauración ambiental, el derecho a la salud y otros temas.

Así, el Informe actualiza los avances y obstáculos que enfrenta la justicia transicional frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Chile, tras la reciente conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Asimismo, evalúa los desafíos pendientes tras las violaciones a derechos humanos en el contexto del estallido social de 2019, advirtiendo sobre la posibilidad de que gran parte de las causas prescriban en 2024; de ser así, el Estado fallaría en su obligación de proveer justicia y, a partir de esa impunidad, se debiera evaluar la reconsideración de las violaciones como sistemáticas, por la denegación a la justicia.

En el capítulo introductorio, además, los editores del Informe, Judith Schönsteiner y Cristóbal Carmona, se refieren al texto que elaboró el Consejo Constitucional y que se plebiscitará en diciembre: si bien valoran la cláusula que incorpora a los derechos humanos en el régimen interno, esta no logra remediar los problemas de su versión actual. En materia de derechos sociales –como acceso a salud, educación, agua, vivienda o pensiones– los autores sostienen que la propuesta incumple con requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como asegurar la no discriminación (en particular por la situación socioeconómica de las personas), así como la posibilidad de regular y fiscalizar el rol que juega el sector privado en la provisión de servicios que materializan estos derechos. Específicamente en educación, el documento señala que «la libertad de enseñanza y la libertad religiosa son derechos que se deben ponderar con otros y entre sí, tomando en cuenta el interés superior del niño y la niña y su progresiva autonomía». Otro foco de preocupación es la posibilidad de una objeción de conciencia institucional, que el texto final dejó en manos del legislador y de la interpretación en tribunales.