No se acreditó una conducta manifiestamente negligente.
Solicitud de remoción de la Fiscal Regional del Biobío se rechazó por la Corte Suprema.
No encontró que la conducta de la funcionaria fuera manifiestamente negligente, pues los vicios investigativos acusados por los parlamentarios de oposición que patrocinaron el libelo, daban cuenta de actos desprolijos de instituciones que no dependen directamente del Ministerio Público. El ministro Sergio Muñoz, la ministra Adelita Rabanales y la ministra suplente Quezada, compartieron la idea de desestimar la remoción, pero previenen que los hechos acreditados revelan falta de acuciosidad en la dirección de la labor investigativa a cargo del ente persecutor.
El pleno de la Corte Suprema rechazó la solicitud de remoción de la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, interpuesta por un grupo de parlamentarios integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El libelo fue patrocinado por diputados de oposición, entre los que figuran Gonzalo de la Carrera, Leonidas Romero, Johannes Kaiser y María Luisa Cordero, quienes cuestionaron el obrar de la Fiscal Regional invocando para tal efecto la causal de negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, prevista en el artículo 53 de la Ley N°19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, exponiendo los yerros de la funcionaria a lo largo de tres capítulos.
El primero se refirió a la investigación en el caso de Sergio Mardoff, joven de 25 años de edad que desapareció en el año 2005, y que recién en el año 2018, la familia se enteró extraoficialmente por un mensaje anónimo que el cuerpo llevaba 3 años en el Servicio Médico Legal. Según afirman los requirentes, el Ministerio Público estaba al tanto de la existencia de los restos desde el año 2015 y no informó a los familiares.
Temas
Te puede interesar
Recurso de protección rechazado.
Registro Civil no puede inscribir vehículo que mantiene orden vigente por robo, confirma la Corte Suprema.
Recurso de protección acogido.
Municipalidad de Codegua debe reincorporar en sus anteriores labores a dos funcionarias administrativas, confirma la Corte Suprema.
Recurso de protección acogido.
Corte Suprema ordena inscribir vehículo rematado en el año 2007 a nombre del adjudicatario.
