La Corte Suprema de Panamá emitió un histórico fallo al declarar inconstitucional un controvertido contrato-ley entre el Estado y una subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Este acuerdo permitía la extracción de cobre en una zona boscosa del Caribe panameño por al menos 20 años, generando protestas masivas que se extendieron por más de un mes.
La resolución, considerada un triunfo ciudadano en la lucha por la protección ambiental y el respeto a las leyes, fue el resultado de cuatro días de análisis y debate por parte de los nueve magistrados que conforman el máximo tribunal de justicia del país. El contrato, establecido entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, fue rechazado por diversos sectores de la sociedad, incluyendo estudiantes, maestros, indígenas, ambientalistas y obreros.
Las protestas adquirieron un matiz nacionalista, acusando a los líderes políticos de entregar parte del territorio a la empresa minera. La empresa respondió a la decisión de la Corte expresando su respeto por las leyes panameñas y anunciando una revisión del fallo.
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La empresa también señaló que ha escuchado las preocupaciones populares y se comprometió a participar en un diálogo para determinar un curso de acción que satisfaga dichas inquietudes. Destacó, asimismo, que la mina genera más de 7.000 empleos directos y contribuye con el 5% del Producto Interno Bruto panameño.
La decisión de la Corte Suprema llega después de que la empresa notificara al gobierno sobre su intención de abrir un periodo de diálogo de al menos 90 días, reservándose el derecho de activar otras medidas para defender una inversión que supera los 10.000 millones de dólares. Anteriormente, la compañía había sugerido la posibilidad de suspender sus operaciones debido a las protestas en un puerto crucial para su actividad.
Aunque el futuro de la mina sigue siendo incierto, juristas y activistas elogiaron la postura del tribunal, considerándola un paso fundamental hacia un posible cierre de la operación minera. Es relevante recordar que, en 2017, la Corte Suprema ya había declarado inconstitucional una ley de 1997 relacionada con la concesión minera, aunque en ese momento dicha decisión no paralizó las operaciones hasta varios años después de su promulgación.
Panamá entrará en una espiral económica descendente durante los próximos 20 años. Comenzando con un aumento en el desempleo de hasta 40.000 panameños calificados y profesionales, desde soldadores, conductores, metalúrgicos, químicos, ambientalistas hasta veterinarios, médicos, personal de ERT, ingenieros, ingenieros de software de inteligencia artificial, abogados, financieros, comercializadores y todo lo que hay bajo el sol en realidad. La peor noticia para el país es arrastrar a un inversor inocente a un agujero lleno de motivos políticos, salpicado de un aumento de la pobreza debido a la inflación, la falta de lluvia y el grupo ambientalista que no tiene ninguna consideración por el desarrollo responsable. Para iniciar la espiral, el S&P Global ha rebajado la calificación económica hasta un bajo BBB:
«1. Revisamos nuestra perspectiva de calificación de Panamá a negativa desde estable y afirmamos nuestra calificación de largo plazo en moneda extranjera de ‘BBB’ para el país.
2. La perspectiva negativa refleja el riesgo de una rebaja como resultado de las posibles consecuencias de estos recientes acontecimientos sobre la confianza de los inversores, la inversión privada y las perspectivas de crecimiento económico.»
Vivo en Panamá y he experimentado estos eventos disruptivos en otros dos países. El efecto es MUY duradero en términos de confianza de los inversores y conduce a la salida de inversores potenciales y existentes de todos los sectores. Con la reducción de la entrada de dinero nuevo a Panamá, ¿dónde va a conseguir el país su balance de pagos sin desarrollar la manufactura, los servicios, el software, etc.? ¿Canel de Panamá? Apenas lo suficiente. La banca intentaría apoyar, pero las consecuencias son duras. Disfrutar