Los relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron a la justicia chilena a rendir cuenta por la violación de derechos humanos cometidos durante el estallido social.

Los expertos de la ONU, relatores especiales, con ocasión de la comunicación que enviaron en noviembre de 2019 al Gobierno en el que manifestaron su preocupación por las graves acusaciones del uso excesivo de la fuerza pública, incluido el uso de perdigones, actos de tortura, violencia sexual y detenciones masivas, junto con alegaciones referidas a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, en el contexto de las manifestaciones de 2019-2020, respecto de las cuales se presentaron más de 10.000 denuncias, el 27 de noviembre pasado destacaron la importancia de asegurar la rendición de cuentas de mando de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con sus funciones y responsabilidades específicas en los presuntos crímenes.

Lo anterior, ya que pocas personas han sido condenadas y ningún algo mando ha sido procesado.

En ese marco, señalan que, “(…) el procesamiento de los responsables es clave para evitar que se repitan violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y facilita un entorno seguro para el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de reunión pacífica.”

Agregan que, “(…) la magnitud de las violaciones y la gravedad del daño infligido a los manifestantes, así como la repetición de estas violaciones, sugieren que no se trata de incidentes aislados y apuntan a la responsabilidad de mando, por lo que es responsabilidad del Estado asegurar la rendición de cuentas de mando por órdenes ilegales, o cuando los comandantes sabían o deberían haber sabido que los agentes encargados de hacer cumplir la ley bajo su mando habían recurrido al uso ilegítimo de la fuerza, y cuando no previnieron y reprimieron ese uso ilegítimo de la fuerza.”

En ese sentido, advierten que, “(…) estas medidas son importantes para poner fin al ciclo de impunidad, prevenir la repetición de delitos y promover la justicia, para lo cual las autoridades deben garantizar que el uso de la fuerza se regule de acuerdo con las normas internacionales.”

Finalmente, manifiestan que, “(…) se debe proporcionar una reparación adecuada a todas las personas que sufrieron daños en el contexto de las protestas».

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Los Relatores Especiales -trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben salario por ello- forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, cuyos integrantes son expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, que tiene por objeto investigar y supervigilar las situaciones específicas de cada país o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo.