Un tribunal peruano inició un nuevo juicio oral contra el ex presidente Alberto Fujimori, en el que se le acusa de la matanza de seis campesinos perpetrada por fuerzas militares en el marco del “caso Pativilca”, durante su mandato presidencial (1990-2000). En caso de ser declarado culpable arriesga una condena de 25 años de prisión. Junto a otros imputados, Fujimori enfrenta cargos de homicidio calificado.
A pesar de su reciente liberación, ordenada por un fallo del Tribunal Constitucional, Fujimori está obligado a comparecer en este último proceso incoado en su contra a solicitud de la fiscalía. Los crímenes por las cuales se le acusa tuvieron lugar en el contexto de la guerra contra el terrorismo emprendida por las fuerzas armadas, en particular contra los grupos de extrema izquierda Sendero Luminoso y MRTA, conflicto en el que perecieron unas 70.000 personas entre los años 1980 y 2000.
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Los fiscales imputan a Fujimori la «autoría mediata» de la matanza, un cargo que implica responsabilidad penal por dar directrices en la cadena de mando de una organización. En este sentido, la normativa peruana establece que el presidente es «el jefe supremo de las Fuerzas Armadas». Este cargo ya había sido esgrimido por la fiscalía en la acusación que utilizó en 2009, para imputar a Fujimori por su responsabilidad en dos matanzas ocurridas en 1991 y 1992. En aquella ocasión fue condenado a 25 años de cárcel.
Fujimori participó en la audiencia de manera remota y en libertad, luego que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto de 2017 que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó por “razones humanitarias». A juicio del Ministerio Público, el indulto no es extensible al caso Pativilca.
“Es una de las estrategias de forma que tenemos porque, como estrategia de fondo, tenemos que discutir esta autoría mediata. La resolución emitida por el Pedro Pablo Kuczynski hace referencia a condenas y procesos, entiéndase procesos fiscales, judiciales, incidentes vinculados a un conflicto entre las partes. En efecto, se ha postulado como tal la extinción de la responsabilidad penal”, señaló el abogado de Fujimori.