Analizan proyecto que restringe beneficios carcelarios a agresores sexuales de menores.

La Comisión de Constitución inició el debate de una nueva modificación al Código Procesal Penal. La propuesta, originada en una moción impulsada por la diputada Marcela Riquelme, restringe el otorgamiento de beneficios carcelarios/judiciales a agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes (NNA).

La norma tiene como propósito visualizar una problemática grave que aqueja constantemente a las víctimas de estos delitos. Se trata del hecho que imputados y condenados pueden acceder a beneficios durante la tramitación del juicio, sin considerar la gravedad del delito cometido.

En tal plano, se busca limitar las acciones tendientes a quienes, por tener una capacidad económica superior, creen que pueden obtener un beneficio carcelario, sin importar la vulneración de derechos cometidos a las víctimas. Ello genera en la sociedad una horrible percepción de impunidad, se plantea en el texto.