El gobierno de Sudáfrica presentó una solicitud urgente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que examine las acciones militares anunciadas por Israel en la región de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, lugar que alberga a más de 1 millón de desplazados palestinos.
Sudáfrica expresa una profunda preocupación por el posible impacto devastador de estas acciones en términos de vidas humanas y daños materiales, considerándolas como una amenaza grave e inminente para los derechos de los palestinos. La solicitud se basa en el artículo 75(1) del Reglamento de la CIJ, que permite a la Corte tomar medidas provisionales si las circunstancias lo requieren.
Según Sudáfrica, cualquier ampliación de la presencia militar israelí en Rafah tendría consecuencias devastadoras y podría constituir una violación grave e irreparable de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, así como del fallo provisional emitido por la CIJ en enero de 2024.
La escalada de tensiones en la región se desencadenó después de un ataque transfronterizo del grupo palestino Hamás, lo que llevó a Israel a emprender una ofensiva militar en la Franja de Gaza. Sin embargo, las autoridades en Gaza informan de un elevado número de víctimas civiles, incluyendo mujeres y niños, como resultado de esta ofensiva.
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Esta solicitud de Sudáfrica ante la CIJ se suma a sus esfuerzos anteriores por abordar las preocupaciones sobre las acciones de Israel en esta región. En 2023, el país presentó un caso ante la CIJ acusando a Israel de no cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención.
La CIJ emitió un fallo provisional en enero de 2024, respaldando las acusaciones de Sudáfrica y ordenando medidas provisionales para prevenir un posible genocidio en la Franja de Gaza.
“Se trata de una situación de extrema urgencia que afecta a unos 1,4 millones de palestinos vulnerables en Rafah, al menos la mitad de ellos niños. Corren un grave riesgo de sufrir un daño irreparable a su derecho a ser protegidos contra actos de genocidio contrarios a los artículos II y II de la Convención sobre el Genocidio, por parte de un Estado que, según este Tribunal, ya ha incurrido en un incumplimiento plausible de sus obligaciones en virtud de esa Convención”, señala la solicitud.
“Por lo tanto, Sudáfrica pide respetuosamente a la Corte que considere con la mayor urgencia si las circunstancias que se desarrollan en Rafah requieren que ejerza su poder bajo el Artículo 75(1) del Reglamento de la Corte para prevenir nuevas violaciones inminentes de los derechos de los palestinos en Gaza. Sudáfrica también se reserva su propio derecho a tomar medidas adicionales con respecto a la situación”, concluye Sudáfrica.