La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó una orden de suspensión a los apelantes del acuerdo de 2.460 millones de dólares suscrito entre los Boy Scouts of America (BSA) y miles de personas que presentaron reclamaciones de pago en la quiebra de la organización, tras demandar a la organización por abuso sexual.
La declaración de quiebra de BSA en 2020, en medio de una ola de demandas por abuso sexual, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de abordar los problemas de responsabilidad y compensación para las víctimas. Sin embargo, la aprobación del acuerdo por parte de un juez de quiebras en 2022 y su confirmación por un tribunal federal en 2023 no han resuelto las disputas legales entre las partes.
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Así, un grupo de 67 víctimas de abuso sexual presentó un recurso de apelación para impugnar el acuerdo, aduciendo que es ilegal ya que protege a terceros involucrados en el abuso que no están en quiebra, como las aseguradoras, los consejos scouts locales y las iglesias. Esta disputa plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad y la justicia para las víctimas de abuso sexual.
En relación a la orden, dictada por el juez Samuel Alito, los abogados de las víctimas han destacado la urgencia de abordar estas preocupaciones para garantizar una resolución “justa y equitativa”. Sin embargo, la contraparte ha criticado la decisión de la Corte, alegando que podría retrasar aún más la compensación para las víctimas, muchas de las cuales han esperado una reparación pecuniaria durante años.
“Como se explicó al Tribunal en el escrito de BSA en oposición a la solicitud de suspensión, el plan de BSA ya ha estado vigente durante diez meses y compensará completamente a todos los sobrevivientes de abuso de los Scouts. Mantener ese plan ahora infligiría un daño grave tanto al movimiento Scout como a los sobrevivientes del abuso de los Scouts, muchos de los cuales ya han esperado décadas para obtener una compensación y un cierre emocional”, señalaron representantes de BSA.