El ministro instructor de la Corte Suprema, Leopoldo Llanos, acogió la solicitud de extradición presentada por la República de Perú, respecto de uno de sus nacionales avecindado en Chile, para que sea juzgado en el vecino país por su presunta participación en un delito de homicidio calificado.
El requerido es acusado en su tierra natal de matar a un adolescente en la ciudad de Trujillo, el 2 de septiembre de 2018, luego de tener una discusión con la víctima mientras ambos concurrían a una fiesta en dicha localidad, lo que devino en una pelea que culminó con el acusado acribillando al fallecido; luego, para eludir a las autoridades peruanas, el imputado huyó a Chile, donde en la actualidad se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas.
El Ministerio Público en representación del Estado requirente, acompañó todas las piezas del proceso que se sigue contra el encartado en Perú. Asimismo, hizo notar que entre ambas naciones existe tratado de extradición, y que la gravedad del delito investigado, así como los antecedentes recabados por la justicia, permiten fundar una acusación fiscal en Chile, si el hecho hubiera ocurrió en nuestro país.
Siguiendo esta línea argumental, el ente persecutor enfatizó la actual condición del requerido en Chile, como imputado formalizado por un delito de tráfico de estupefacientes, a la espera de juicio oral; por lo tanto, solicita que se dé lugar a la solicitud de extradición.
En su defensa, el requerido expresó que es materialmente imposible que hubiera cometido el crimen por el que se le acusa en Perú, debido a que desde el año 2006 se encuentra radicado con su familia en Chile, y no existe en el proceso ninguna acreditación de que haya viajado en 2018 fuera del país.
El ministro instructor del máximo Tribunal hizo lugar a la extradición, luego de razonar que, “(…) es importante analizar lo dicho por el Ministerio Público en cuanto a que es un hecho público y notorio que la frontera norte de nuestro país es permeable, afirmación que este Ministro Instructor comparte, agregando que la falta de reforzamiento en las fronteras de nuestro país, no es solo un problema actual, sino que data de muchos años, lo cual permitiría el fácil desplazamiento del requerido por el paso fronterizo en la fecha en que se desarrollaron los hechos”.
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El fallo concluye sosteniendo que, “(…) de acuerdo a lo razonado, y a juicio de este instructor, es dable afirmar que el ente persecutor cuenta con un conjunto suficiente de medios de prueba, directos e indirectos, verosímiles y concordantes, que dan cuenta de la existencia del delito y la alta probabilidad de participación y responsabilidad del requerido en él, lo que permite justificar- al menos en este estadio procesal- la conveniencia de someterlo a un proceso penal para determinar su inocencia o culpabilidad en los hechos investigados, ya que sin duda superan el estándar de convicción exigido por la norma analizada y el “fundamento serio” requerido para acusar”.
En mérito de lo expuesto, el ministro instructor de la Corte Suprema acogió la solicitud de extradición, y dispuso la entrega diferida del requerido a las autoridades peruanas, una vez finalizado el proceso actual por el que se encuentra en prisión preventiva y cumpla una eventual condena por el delito de tráfico de drogas en Chile.