Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los Estados a una transición energética justa para un futuro sostenible.

Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados a impulsar medidas para una transición energética justa y responsable que reconozca y atienda las desigualdades estructurales que enfrentan los grupos vulnerables en el marco de la emergencia climática.

En su Plan de Trabajo 2024-2026,«Una agenda Hemisférica por los DESCA», la Relatoría Especial ha identificado al cambio climático y la protección del medio ambiente como uno de los desafíos más apremiantes que atraviesa la región y ha enfatizado la necesidad de adoptar medidas concretas y urgentes que permitan una transición energética justa. Priorización que es consistente con el Plan Estratégico 2023-2027 de la CIDH y los mandatos orientados a construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo que fueron acordados en junio de 2022 durante la IX Cumbre de las Américas.

La REDESCA ha avanzado en el abordaje de este desafío a través de la aprobación de la Resolución 3/2021 de la CIDH sobre Emergencia Climática. En ese marco, ha instado a los Estados a adoptar y aplicar políticas encaminadas a reducir emisiones de gases de efecto invernadero que reflejen la mayor ambición posible, fomentar la resiliencia al cambio climático y garantizar que las inversiones públicas y privadas sean coherentes con un desarrollo con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio climático. Asimismo, en el informe de Empresas y Derechos Humanos, la REDESCA y la CIDH han establecido que los Estados deben dirigir sus esfuerzos a asegurar que las empresas busquen reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, evitar emisiones excesivas y publicar información de manera accesible sobre las acciones dirigidas a ese fin. Específicamente en el marco de su función regulatoria, los Estados deben exigir la divulgación de la información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, los planes de reducción de emisiones y entre otras medidas adoptadas por las empresas.