En un reciente fallo del Tribunal Superior del condado de King (Estados Unidos), el juez LeRoy McCullough decidió excluir como medios probatorios los registros audiovisuales mejorados por inteligencia artificial (IA) en un caso de homicidio. La cuestión se suscitó en el contexto de un juicio por un tiroteo ocurrido en 2021, en las afueras de un establecimiento turístico, que resultó en la muerte de tres personas.
El juez McCullough fundamentó su determinación de excluir vídeos mejorados por IA como prueba en el proceso judicial en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, expresó inquietudes sobre la transparencia y fiabilidad de la tecnología de IA, haciendo hincapié en la opacidad de los métodos empleados por dichos modelos para representar contenido visual. Estimó que esta falta de claridad podría potencialmente generar confusión entre los jurados y socavar el testimonio de los testigos presenciales.
En segundo lugar, el juez manifestó reservas sobre la ausencia de procesos revisados por pares en la generación y manipulación de dichos materiales visuales por parte de la inteligencia artificial.
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Durante el curso del juicio, la defensa del acusado, Joshua Puloka, intentó presentar imágenes de vídeo mejoradas por IA como parte de su estrategia legal. Sin embargo, los fiscales objetaron estos videos, argumentando la ausencia de precedentes legales establecidos para la admisión de pruebas basadas en IA en los tribunales. Esta falta de jurisprudencia consolidada generó incertidumbre respecto a la admisibilidad de tales pruebas en el contexto judicial.
Es relevante destacar que, si bien el uso de la inteligencia artificial para mejorar o analizar pruebas en casos judiciales ha despertado interés en algunos ámbitos, su prevalencia y aceptación varían según la jurisdicción, el contexto legal y los avances tecnológicos.
Por último, cabe mencionar que la Comisión Federal de Comercio está considerando cambios en las reglas para abordar el fraude de suplantación de identidad, incluidos los deepfakes generados por IA. Estos cambios propuestos se orientan a mitigar el daño causado a los consumidores y personas afectadas por este tipo de fraude, evidenciando la necesidad de adaptar el marco legal a los desafíos emergentes en el ámbito tecnológico y jurídico.