Entidades de salud deben garantizar un trato digno a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia amparó el derecho fundamental a la intimidad y la dignidad y la garantía de confidencialidad de una mujer gestante que sufrió maltrato físico y sicológico por parte del personal de su EPS (entidad promotora de salud) al querer practicarse un aborto. Si bien dictaminó la carencia actual de objeto por daño consumado, al estimar que ya no era posible restablecer sus derechos por la violencia sufrida, apercibió a la accionada para que se investigue el hecho y se establezcan las sanciones pertinentes.

La mujer, con 21 semanas de embarazo, acudió a su EPS para someterse a un procedimiento de interrupción del embarazo. No obstante, la entidad denegó la solicitud al supeditarla a una serie de trámites que debían ser cumplidos. Tras esta negativa accionó judicialmente contra la entidad, al estimar que estaba dilatando injustificadamente el procedimiento.

Si bien posteriormente la entidad accedió a practicar el procedimiento, la mujer denunció que durante la realización de este sufrió malos tratos, palabras crueles y prácticas degradantes con el fin de humillarla y que, del mismo modo, le suministraron su medicación en forma errónea. El juez de instancia declaró la carencia actual de objeto por daño consumado, por lo que la afectada accionó en sede constitucional.