Diario Constitucional

Derechos a la vida e integridad personal.

CIDH otorga medidas cautelares a Fray Pascual Claro Valladares en Cuba.

La Comisión observó que su calificación como "contrarrevolucionario" y su manifestación contra el gobierno han llevado a su aislamiento severo, intimidación, golpizas y amenazas de retirar beneficios.

Por Redacción·07 de julio de 2024·2 min de lectura
Imagen: observacuba.org
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 30 de junio de 2024 la Resolución 41/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares a Fray Pascual Claro Valladares, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Cuba.

La solicitud alegó que Claro Valladares fue detenido el 24 de agosto de 2022, tras participar en protestas pacíficas en Nuevitas, Camagüey. Desde su detención, fue trasladado entre varias prisiones, en la cuales permaneció incomunicado y en condiciones severas de aislamiento e insalubridad. Durante este tiempo, fue sometido a repetidos interrogatorios para forzarlo a incriminarse y sufrió maltratos por parte de otros reclusos y funcionarios penitenciarios, incluyendo una golpiza en febrero de 2023 que resultó en lesiones que no fueron documentadas.

En marzo de 2023, fue trasladado a la prisión Cerámica Roja, donde continuó siendo hostigado y sometido a interrogatorios hasta octubre de 2023. Las condiciones en el centro de detención serían inadecuadas, con insuficiente comida y suministros higiénicos. En abril de 2024, tras ser condenado a diez años por sedición, intentó suicidarse en prisión. Su intento de suicidio fue manejado con negligencia, sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y siendo castigado con aislamiento. Asimismo, los funcionarios carcelarios lo han amenazado con retirar la posibilidad de libertad condicional, atención médica, visitas familiares y envíos de medicamentos y alimentos, si él y su madre continúan denunciando su caso y las violaciones sufridas. Por su parte, el Estado no ha presentado respuesta a la CIDH.

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