Autoridad migratoria debe indemnizar el daño moral causado por impedir que una menor viajara al extranjero con su familia en virtud de una orden judicial inexistente, resuelve un tribunal argentino.

La Cámara Federal de Salta (Argentina) desestimó el recurso de apelación interpuesto por la autoridad migratoria, confirmando así la sanción dictada en su contra por no autorizar la salida del país de una menor que se disponía a viajar con su familia, por una presunta orden judicial inexistente. Dictaminó que la recurrente incurrió en responsabilidad estatal por falta de servicio.

Según los hechos narrados, la menor, su madre y su abuela fueron detenidas por personal migratorio al momento de embarcar en el aeropuerto, cuando pretendían viajar a Brasil para pasar sus vacaciones. Según los agentes, existía una orden judicial vigente que prohibía la salida de la niña. Si bien la situación fue aclarada días más tarde, en ese entonces la familia ya había perdido sus pasajes aéreos.

Debido a la situación angustiante que tuvieron que afrontar y al perjuicio económico causado, demandaron a la autoridad en sede judicial. El juez a quo acogió la demanda y condenó a la entidad a pagar $200.000 pesos argentinos a cada una de las actoras por concepto de daño moral, y 97.383,20 por daño patrimonial. No obstante, la autoridad apeló el fallo, aduciendo que tenía la facultad de controlar el ingreso y egreso de personas al país y aseguró que en el caso actuó dentro del marco normativo, procediendo los funcionarios públicos de manera correcta en la revisión de los antecedentes de la niña, control de documentación y aptitud migratoria.