Requerimiento de inaplicabilidad rechazado, con votos en contra.
Normas que ordenan tasar las costas procesales considerando los montos establecidos en el arancel judicial para los receptores y no los efectivamente pagados, no producen resultados contrarios a la Constitución.
Los preceptos legales impugnados, en su aplicación en la gestión pendiente, vulneran la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y el derecho de propiedad, concluye el voto en contra.

El Tribunal Constitucional rechazó declarar inaplicable, por inconstitucional, la frase «con arreglo a la ley de aranceles”, contenida en el artículo 140, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil; y de la frase «los receptores no podrán cobrar derechos superiores a los que establezca el arancel respectivo«, contenida en el artículo 393, inciso quinto, del Código Orgánico de Tribunales.
En la gestión pendiente se discute si la tasación de las costas procesales se debe realizar conforme a lo que dispone el Decreto Exento N° 593/1998 del Ministerio de Justicia, o en relación a los montos efectivamente pagados por la requirente, que difieren de los establecidos en el arancel judicial, lo que se encuentra apelado ante la Corte de Apelaciones de Copiapó.
La requirente alega que las normas cuestionadas vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el principio de legalidad, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica, en cuanto impiden tasar las costas procesales teniendo como referencia los montos efectivamente pagados, que difieren de los establecidos en el arancel judicial de los receptores.
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