La reacción del derecho internacional frente a los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por Javier Ignacio Arenas Delgado.

El día 07 junio del año 2000 el Estado de Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez, depositó su instrumento de ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional (o Estatuto de Roma). 18 años después, seis Estados Parte (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) ingresaron un requerimiento ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar la comisión de delitos de lesa humanidad[1] bajo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, perpetrados a partir de febrero de 2014 y determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas por esos delitos. Dicha denuncia -que será anotada en la historia del derecho como la primera presentada por un grupo de Estados Parte en relación con una situación en el territorio de otro Estado Parte- imputa la comisión de detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos y violaciones, así como ataques flagrantes contra el debido proceso, en detrimento de personas de ambos sexos, incluidos menores de edad y una acción sistemática contra los jóvenes opositores de entre 15 y 30 años, quienes, sin justificación, serían detenidos o sacados de sus hogares para acusarlos de actos que no habrían cometido, o para matarlos por haberse resistido[2].

La denuncia de dichos Estados fue refrendada extra-proceso por el informe evacuado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de fecha 9 de octubre de 2019[3]. Tras haberse constituido en el país, la Alta Comisionada Michelle Bachelet documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en vecindarios pobres por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana -también conocidas como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”- originalmente creadas para combatir el narcotráfico, las que a partir de principios de 2018 reemplazaron las operaciones de seguridad conocidas como “Operaciones de Liberación del Pueblo”, que se habían ejecutado entre 2015 y 2017. La ACNUDH estampó su preocupación en el sentido que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES como un instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social. De acuerdo con el informe, el propio Gobierno de Maduro informó 5.287 muertes de personas por “resistencia a la autoridad”, mientras que el Observatorio Venezolano de la Violencia notificó por lo menos 7.523 asesinatos de dicha naturaleza.

En la misma línea, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), dictó la resolución 42/25 del 8 de octubre de 2019[4], estableciendo una Misión internacional de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuyo primer informe de 25 de septiembre de 2020 no vaciló en señalar que tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las vulneraciones y los delitos documentados se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, aplicando una política para silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno del Presidente Maduro tomando como objetivo a personas que, por diversos medios, mostraban su desacuerdo con el Gobierno. La Misión dio cuenta de haberse cometido los siguientes crímenes de lesa humanidad: “asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas en el caso Barlovento y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”[5] El último informe de la Misión, de fecha 20 de marzo de 2024, fue evacuado oralmente en el 55° período de sesiones ante el CDHNU, y se encuentra disponible en la plataforma YouTube[6], que recomiendo revisar.