El Gobierno de Perú promulgó una ley que establece la prescripción de la persecución penal para crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. La iniciativa legislativa 6951/2023-CR, aprobada por el Congreso peruano el 4 de julio, ha suscitado significativas implicaciones jurídicas, en especial en lo que concierne a procesos en curso por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
La ley en cuestión estipula que no será posible procesar, condenar o sancionar a individuos por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes del año 2002. Esta disposición podría resultar en el sobreseimiento de alrededor de 600 causas judiciales que actualmente involucran a aproximadamente 550 víctimas. El Ministerio Público ha advertido que la aplicación de esta ley podría significar la prescripción de estos delitos, con el consiguiente archivo de las causas correspondientes.
Entre los procesos judiciales potencialmente afectados se encuentra el caso del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 por violaciones a los derechos humanos, que enfrenta cargos adicionales relacionados con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta en 1992. La defensa de Fujimori podría alegar la prescripción de estos crímenes conforme a la nueva normativa, lo que podría tener un impacto en la continuación o resolución del juicio.
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Además, otros procesos judiciales relacionados con ejecuciones extrajudiciales y masacres ocurridas durante el conflicto armado, llevados a cabo tanto por fuerzas militares como por grupos insurgentes, también podrían ser susceptibles de ser archivados.
A nivel internacional, entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación ante esta legislación, señalando que podría contravenir los compromisos internacionales de Perú en materia de derechos humanos. En audiencias recientes, representantes de organizaciones no gubernamentales han solicitado la inclusión de este tema en los informes anuales sobre el estado de la impunidad en el país.
El conflicto armado interno en Perú, que tuvo lugar entre 1980 y 2000, se caracterizó por violaciones generalizadas de los derechos humanos, afectando a miles de personas, incluidas comunidades indígenas. La normativa recién promulgada influirá en la interpretación y aplicación del derecho penal respecto a los crímenes cometidos durante ese período, con posibles efectos en los principios de justicia y memoria histórica.