Requisitos que se deben cumplir para proteger el secreto profesional al ordenar allanamientos de estudios jurídicos, se establecen por el Tribunal Constitucional de Perú.

El Tribunal Constitucional de Perú estableció un nuevo precedente jurisprudencial al dictaminar los requisitos que las autoridades deben observar al ordenar allanamientos en estudios jurídicos, en el marco de investigaciones penales. Señaló que se debe salvaguardar el secreto profesional de los clientes y sus abogados por ser un derecho que cuenta con protección constitucional, por lo que deben cumplirse estrictamente las garantías del debido proceso al allanarse las oficinas de abogados.

El fallo fue dictado en el marco de un recurso de agravio constitucional interpuesto contra una resolución que denegó la exclusión de un fiscal provincial que participaba en una investigación por lavado de activos. La fiscalía había investigado al recurrente por las presuntas amenazas que su estudio jurídico profirió contra los testigos del caso, lo cual fue calificado como obstrucción a la justicia.

A su juicio, el caso debía ser investigado íntegramente por el fiscal especial que denegó la exclusión del fiscal provincial, pues este último no tenía un interés directo en la investigación, conforme al principio de unidad de investigación y la existencia de conexidad de delitos. La demanda del recurrente fue desestimada en primera instancia, por lo que accionó en sede constitucional.