La vulnerabilidad ¿genera derechos o deberes?, por José M. Monzón,

I. INTRODUCCIÓN

El conflicto planteado en este caso expone varias cuestiones que se resuelven apelando a las normas provenientes de los derechos humanos y a aquellas provenientes del derecho constitucional. Porque la situación de un sordomudo destinatario de una notificación que, como informa la oficial notificadora, «habiendo consultado a los vecinos, al personal de mantenimiento y a la presidente del consorcio, todos me informaron que es inútil llamar a la puerta del departamento ni por el portero eléctrico, porque el requerido es sordomudo y no contesta a ningún llamado», desemboca en una situación en la cual, si no hay posibilidad o es complicado tomar contacto con él, considerando que el desarrollo del proceso judicial debe seguir su curso, es necesario proponer la aplicación de un remedio legal, tal como lo hace el juez en este caso. Pero dejando de lado la solución propuesta por el tribunal, ¿se puede seguir sosteniendo que todos los ciudadanos tienen iguales posibilidades de acceder a la justicia?

La respuesta es negativa, sobre todo, cuando se piensa lo que falta para que las personas vulnerables puedan ejercer sus derechos y libertades fundamentales. Por eso, tiene razón el juez que, ante la vulnerabilidad en la que se encuentra el requerido, corresponde «elaborar un derecho dúctil que permita prestar un servicio de justicia adecuado, deconstruyendo su circunstancia, proponiendo algunas alternativas que puedan servir como solución al problema que genera la efectiva notificación del traslado de demanda en su domicilio real y en forma presencial». Empero, estimo que la cuestión principal es saber si estamos ante un derecho vulnerado o ante un deber incumplido del Estado o ante ambos. La respuesta implica tanto un cambio de perspectiva como una revisión de los deberes del Estado frente a las personas vulnerables.