En el año del centenario del Derecho Cooperativo Chileno, por Álvaro Javier Barrientos Saldia.

Las cooperativas como entidades colectivas, surgen con el objetivo de afrontar los distintos acontecimientos sociales, culturales y económicos acaecidos durante la mitad del siglo XIX, en especial, con posterioridad a la Revolución Industrial, circunstancias en que, a partir de los Pioneros de Rochdale en el año 1844, comenzó el posicionamiento y asimilación de un modelo de sociedad denominado como cooperativas. La particularidad de esta nueva forma de organización colectiva, es que, desde los Estatutos de Rochdale, se establecieron los principios y valores que se erigiría como piedra angular de su estructura y operacionalidad, los cuales, con determinadas modificaciones, han perdurado hasta la actualidad.

Esta sociedad centrada en la ayuda mutua de sus miembros, evidenció el mejorar las condiciones laborales y económicas de sus socios, y, además, demostró una forma distinta de organización y gobernanza, permitiendo su expansión y réplica en las distintas partes del mundo, donde Chile no fue la excepción, ello, ya que, gracias a idearios emanados desde los movimientos obreros, los postulados entre otros, de Ramón Picarte y Fermín Vivaceta, y, además, por las experiencias positivas transmitidas desde las corrientes migratorias llegadas al país, permitieron posicionar distintas sociedades reconocidas como cooperativas, entre las que encontramos, a la Sociedad Tipográfica del año 1853, la denominada “Sociedad Cooperativa Valparaíso”, o la Cooperativa de Consumos “La Esmeralda”, ambas de 1887, estas como otras similares de la época, denotaron ensayos societarios que carecían de un marco regulatorio propio, razón por la que se estructuraron en función a las normas que decoraban el derecho civil y comercial, las cuales se consagraban en los Códigos de los años 1855 y 1865 respectivamente.

Es a partir de la Ley N°1.838 del año 1906, que, el legislador comienza a hacer una referencia expresa a las cooperativas como entidades asociativas, sin embargo, sumado a otras iniciativas legislativas, estas intenciones, no permitieron establecer una regulación independiente respecto de los modelos societarios existentes.