Argentina.
Tribunal argentino multa a autoridades por ruidos molestos provenientes de un canil público.
No puede colegirse que la autoridad haya iniciado la ejecución de alguna acción tendiente a reducir la generación de niveles sonoros que podrían afectar el transcurrir habitual de los vecinos colindantes al espacio verde del canil, procurando el cumplimiento de los límites máximos permisibles del ASAE “Tipo II” donde residen los actores.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 23 de Buenos Aires (Argentina) sancionó con una multa diaria de 100.000 pesos argentinos a una autoridad de la ciudad de Buenos Aires debido a los ruidos molestos provenientes de un canil público, por lo que deberá adoptar las medidas necesarias para abordar la situación. Dictó la medida cautelar tras acoger los reclamos de vecinos del sector que se han visto afectados por los ruidos.
En su demanda, los afectados adujeron que el funcionamiento del canil vulneraba sus derechos a la salud, a un ambiente equilibrado y a una calidad de vida digna. Agregaron que el canil carecía de un Certificado de Aptitud Ambiental y que no se realizó la evaluación de impacto ambiental respectiva ni los procesos de consulta ciudadana previos a su instalación.
Solicitaron el cierre del canil y su transformación en un área verde accesible para todos. La autoridad apeló sin éxito la resolución de primera instancia que le ordenó adoptar medidas de mitigación. Posteriormente, los denunciantes accionaron nuevamente ante el Juzgado al constatar que la accionada había incumplido la medida de designar efizcamente guardaparques para controlar la presencia de animales en el sector.
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