Personas con discapacidad visual.
Proyecto de ley modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para exigir que los terminales de pago cumplan principios de diseño universal, a fin de facilitar su uso por personas con discapacidad visual.
La moción busca promover la plena autonomía de las personas con discapacidad visual incluyendo el área financiera; resguardar la integridad de las personas con discapacidad visual, minimizando los riesgos que se pueden suscitar por la exposición de sus claves bancarias y que se tenga en cuenta las particularidades de la discapacidad visual al momento de la creación de estos dispositivos y evitar que el avance tecnológico las excluya.

La moción, patrocinada por los diputados Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida, Cristóbal Martínez, Cristhian Moreira, Marlene Pérez, Natalia Romero y Flor Weisse, busca fortalecer la regulación de los dispositivos de pago electrónico para que las empresas encargadas de su distribución implementen un sistema accesible que permita a personas con discapacidad visual, digitar sus claves de forma segura y expedita.
La iniciativa tiene como fundamento que, en los últimos años, se ha experimentado un cambio respecto a la forma en que los chilenos y chilenas realizan sus transacciones monetarias. En ese contexto los pagos y transferencias electrónicas son los medios que se utilizan con más frecuencia sobre todo para la compra y venta de los distintos bienes y servicios que se ofrecen en el país. Si bien este avance tecnológico ha mejorado la vida de una inmensa mayoría de chilenos y chilenas, existe un porcentaje de la población que en vez de encontrar en estas nuevas herramientas un acceso fácil, seguro y expedito, encuentran limitaciones que los excluyen cada vez más de la vida económica, social y cultural de nuestro país.
Señalan que, la masificación de los dispositivos tecnológicos, sin medidas de diseño universal, ha significado un retroceso en el desarrollo de grupos de la población, tales como las personas con discapacidad y los adultos mayores, considerando que son cada día más las empresas que incorporan este servicio como parte de un activo para realizar sus operaciones mercantiles y en consecuencia son cada vez menos los lugares en los que estas personas pueden pagar en forma segura el producto que requieren, exponiéndose a un doble riesgo: verse imposibilitados de adquirir el bien o servicio y entregar sus claves a desconocidos que pueden usar maliciosamente sus tarjetas bancarias o incluso a ser asaltados por algún tercero que escuchó el número secreto.
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