La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra el Delito Cibernético, el primer tratado internacional de justicia penal en más de dos décadas. La convención fue aprobada sin votación en la Asamblea General, compuesta por 193 Estados miembros. Su objetivo es abordar los delitos cometidos mediante sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).
El tratado regula actividades delictivas como el fraude en línea, la piratería informática, el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de drogas y la explotación infantil. Además, establece directrices para la prevención de estos delitos, incluyendo programas de capacitación en los sectores público y privado, así como iniciativas de sensibilización sobre riesgos de la ciberdelincuencia. Establece además que la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades, especialmente en países en desarrollo, son componentes clave de su implementación.
La convención establece mecanismos para facilitar la cooperación internacional en la investigación y el enjuiciamiento de delitos cibernéticos. Entre las medidas incluidas se encuentran el intercambio de pruebas electrónicas y la asistencia jurídica mutua entre Estados. Adicionalmente, se crea una red operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana, para brindar apoyo técnico a las investigaciones y garantizar la eficacia de los procesos transfronterizos.
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El tratado contempla disposiciones específicas para la protección de las víctimas de delitos cibernéticos, con especial atención a aquellas en situaciones vulnerables. Se insta a los Estados a ofrecer servicios de apoyo, mecanismos de compensación y medidas de restitución. También se regulan los delitos relacionados con la explotación sexual infantil cometidos a través de TIC, siendo esta la primera normativa global que aborda dicha conducta.
El documento incorpora garantías para la protección de la privacidad y los datos personales, estableciendo que las medidas contra los delitos cibernéticos deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La convención es el resultado de un proceso de negociación que se extendió por casi cinco años, en el cual participaron Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y actores del sector privado. Se abrirá a la firma en una ceremonia programada para 2025 en Hanoi, Vietnam, y entrará en vigor 90 días después de la ratificación por parte de 40 signatarios.
Según lo expresado, el marco normativo busca responder a los desafíos planteados por la creciente utilización de internet a nivel mundial, con un 67,4 % de la población global conectada en 2023, según datos del Banco Mundial. La Asamblea estimó que la proliferación de delitos cibernéticos, incluidos ataques de ransomware, fraudes financieros y violaciones de datos, justifica la necesidad de instrumentos jurídicos internacionales para su regulación.