Fallo incompleto invalida captura
Orden de captura es improcedente si no se ha dictado y notificado al acusado la sentencia íntegra, resuelve el Tribunal Constitucional de Perú.
La notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, per se, violación de los derechos al debido proceso o a la tutela procesal efectiva, dado que para que ello ocurra resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable, por parte de quien alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa.

El Tribunal Constitucional de Perú acogió el recurso de agravio constitucional deducido por un hombre que fue condenado a prisión por la comisión de un delito sexual, que estuvo privado de libertad durante cinco años sin haber sido notificado del texto íntegro del fallo condenatorio. Constató una vulneración de los derechos del afectado a la pluralidad de instancia, de defensa y a la libertad personal, pues solo había sido notificado de la lectura del adelanto del fallo.
Según se narra en los hechos, el recurrente fue condenado a 20 años de prisión por la comisión de un delito de violación cometido contra un menor de edad. No obstante, su defensa denunció en sede constitucional que el contenido íntegro de la sentencia no había sido notificado al condenado, a pesar de haberse solicitado esta actuación procesal en más de una ocasión. Agregó que la sola lectura en audiencia de la sentencia penal no constituía una notificación válida. El condenado llevaba ya cinco años tras las rejas.
En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) la notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, per se, violación de los derechos al debido proceso o a la tutela procesal efectiva, dado que para que ello ocurra resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable, por parte de quien alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa y otro derecho constitucional directamente implicado en el caso concreto”.
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