Corte Suprema confirma fallo
Decreto de demolición se ajusta a la legalidad al ajustarse al certificado de informaciones previas emitido con anterioridad a la adquisición del terreno, lo que le habría permitido a la actora advertir la imposibilidad de edificar.
Resolvió que el decreto de demolición se basa en el certificado de informaciones previas emitido por la recurrida con anterioridad a que la recurrente adquiriera su terreno, por lo que resulta evidente que fue ella quien debió obtener la información necesaria para conocer el uso del terreno y las limitaciones que pudiese tener, antes de adquirirlo y construir sobre él, lo cual no hizo.
La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad de Paredones, que ordenó la demolición de la propiedad de la actora.
La recurrente sostuvo que adquirió un lote de un predio cuya subdivisión fue previamente aprobada y registrada. No obstante, el municipio emitió un certificado erróneo en marzo de 2019, que lo dejó sin efecto y generó confusión sobre el uso del suelo, lo que impide que la propiedad sea utilizada para la construcción de viviendas, ya que la zona está clasificada como AR-2, que no permite uso residencial.
Alegó que este error conlleva la imposibilidad de realizar construcciones en su propiedad, y se ha visto obligada a recibir órdenes de demolición de sus construcciones.
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