Diversos grupos religiosos interpusieron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros funcionarios gubernamentales, impugnando la implementación de una nueva política de control migratorio en las inmediaciones de lugares de culto. Así, la acción legal fue presentada por veintisiete organizaciones religiosas de tradiciones judía y cristiana, las cuales aducen que dicha política restringe el ejercicio de su libertad religiosa.
Según la demanda, la política en cuestión se fundamenta en un «Memorándum de Recesión» emitido el día de la toma de posesión del presidente Trump. Dicho documento instruye a los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a ejercer discreción en la ejecución de medidas de control migratorio en lugares de culto, ceremonias religiosas y otros espacios considerados sensibles.
Los demandantes sostienen que, antes de la publicación de este memorando, el DHS había limitado la implementación de estas acciones en dichos espacios debido al reconocimiento del papel fundamental de las prácticas religiosas en la comunidad.
En la demanda se exponen casos específicos en los que la ejecución de acciones migratorias ha afectado el ejercicio religioso de los demandantes. Entre estos, se menciona un operativo realizado por el ICE en un servicio religioso en Atlanta, Georgia. Asimismo, se alega que la política ha generado un impacto en la asistencia a los lugares de culto, debido al temor de los asistentes a ser fiscalizados.
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Los demandantes solicitan al tribunal que declare que la aplicación de medidas de control migratorio en las inmediaciones de lugares de culto constituye una carga sustancial para el ejercicio de la religión, lo que, a su juicio, vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA por sus siglas en inglés). En consecuencia, han requerido la emisión de una orden judicial, tanto preliminar como permanente, que impida a los agentes del DHS ejecutar operativos migratorios en dichos espacios.
En respuesta a la demanda, la secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS señaló que la política vigente busca garantizar la seguridad de escuelas, lugares de culto y sus asistentes, impidiendo que personas con antecedentes delictivos o afiliaciones a organizaciones criminales se refugien en estos espacios.
El litigio se suma a una demanda previa presentada a finales de enero por cinco organizaciones cuáqueras, laa cuales también solicitaron que se restrinja la capacidad de los agentes del ICE y la CBP para ejecutar acciones migratorias en lugares de culto. En dicha acción judicial, se alegó que la política del DHS contraviene la RFRA al imponer una carga sustancial sobre el ejercicio de la religión.
La implementación de esta política se enmarca dentro de un conjunto más amplio de modificaciones a las regulaciones migratorias bajo la administración Trump, entre las que se incluye una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.