Human Rights Watch (HRW) expresó hoy su preocupación por la decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, de cubrir dos vacantes en la Corte Suprema mediante un decreto, lo que considera un ataque grave a la independencia judicial. La medida, firmada el 26 de febrero de 2025, designó al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla para los cargos vacantes.
El nombramiento se produjo después de que el presidente Milei no lograra, durante varios meses, conseguir los dos tercios de votos necesarios en el Senado para completar el proceso ordinario de selección de jueces. Ante esta situación, Milei optó por eludir al Senado y nombrar a los nuevos jueces por decreto, lo que, según algunos expertos constitucionales, se basa en una interpretación cuestionable de la Constitución argentina.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, declaró: «Nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto es uno de los ataques más graves a la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno a la democracia». La organización instó al Senado a actuar con responsabilidad y garantizar que se respeten los procedimientos constitucionales para el nombramiento de jueces.
El 25 de febrero, el gobierno de Milei emitió un comunicado en el que defendió la decisión, argumentando que el Congreso había “evadido respetar la decisión de este Gobierno” y que los candidatos presentados demostraban su idoneidad para el cargo. Sin embargo, las designaciones generaron un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad, incluidos organismos de derechos humanos, académicos y asociaciones empresariales, que expresaron dudas sobre el historial de Lijo y las posiciones de García-Mansilla sobre derechos reproductivos y sexuales.
En particular, Lijo enfrenta cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, relacionadas con su actuación como juez federal, incluida la acusación de haber demorado o manipulado investigaciones sobre casos de corrupción. Además, se han archivado otros 29 procedimientos disciplinarios en su contra.
La Constitución argentina establece que el presidente puede cubrir vacantes de cargos que requieran acuerdo del Senado durante el receso legislativo, aunque no se ha pronunciado sobre su aplicación a jueces de la Corte Suprema. Algunos juristas sostienen que esta disposición solo debería aplicarse a cargos en el ámbito del poder ejecutivo, como embajadores o militares, y no a las vacantes judiciales.
A nivel internacional, tratados de derechos humanos ratificados por Argentina, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, subrayan la importancia de garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los jueces deben ser nombrados mediante un proceso adecuado que los proteja de injerencias externas.
De acuerdo con la Constitución argentina, los nombramientos por decreto realizados durante el receso legislativo tienen una duración hasta el fin de la siguiente legislatura, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2025, aunque el Senado podría remover a los jueces antes de esa fecha. Esta situación comprometería la estabilidad de los jueces en su cargo, lo que podría afectar su independencia.
En este contexto, HRW instó al Senado argentino a tomar una decisión rápida y conforme a la ley una vez se reanude el periodo legislativo, a fin de evitar que se socaven los principios fundamentales del Estado de derecho. «Al evitar el proceso de aprobación regular en el Senado y designar a candidatos con un historial disciplinario cuestionable, el gobierno está erosionando los pilares de la independencia judicial», concluyó Goebertus.
Este incidente recuerda a la polémica ocurrida en 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri intentó realizar nombramientos similares, los cuales fueron igualmente criticados por HRW y otras organizaciones. Sin embargo, los jueces designados por Macri solo asumieron después de obtener la aprobación del Senado, varios meses después de su nombramiento por decreto.