La Corte Suprema de Canadá dictaminó que el estándar de prueba aplicable en procedimientos disciplinarios graves contra reclusos debe ajustarse al criterio de «más allá de toda duda razonable«, en lugar del «balance de probabilidades«. La decisión fue adoptada en el caso “John Howard Society of Saskatchewan v. Saskatchewan (Fiscal General)”, donde se impugnó la validez del artículo 68 del Reglamento de Servicios Correccionales de Saskatchewan (Canadá) de 2013, el cual establecía un estándar probatorio menos exigente para acreditar faltas de reclusos.
El litigio se centró en la constitucionalidad de dicho precepto normativo, argumentándose que la aplicación del estándar del «balance de probabilidades» en este tipo de procedimientos podía derivar en sanciones que restringen sustancialmente la libertad de los reclusos. Se alegó que esta práctica vulneraba derechos fundamentales, en particular el principio de presunción de inocencia.
En instancia, Tribunal Supremo de Saskatchewan consideró que la norma impugnada no superaba el análisis constitucional, al no cumplir con el requisito de ser una medida «mínimamente perjudicial». Posteriormente, la Corte Suprema revisó el caso y determinó que el impacto de las sanciones disciplinarias graves, tales como el aislamiento de hasta diez días o la pérdida de hasta quince días de remisión merecida, representa una privación de libertad con suficiente entidad para justificar un estándar de prueba más riguroso.
El fallo modifica la interpretación previa del concepto de «consecuencias penales reales» establecida en el caso R v. Shubley, al establecer que ciertas sanciones en el ámbito penitenciario pueden vulnerar derechos constitucionales. No obstante, la decisión no fue unánime, pues tres magistrados disintieron, sosteniendo que los procedimientos disciplinarios carcelarios tienen un carácter administrativo y que las sanciones derivadas de estos no constituyen «verdaderas consecuencias penales» en el sentido de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (Constitución).
El estándar de «más allá de toda duda razonable» es un principio fundamental del derecho penal canadiense, garantizado por el artículo 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin un debido proceso. De este modo, la Corte estableció un nuevo criterio para los procedimientos disciplinarios en el contexto penitenciario, con observancia de disposiciones constitucionales.
“Las garantías procesales que un recluso que se enfrenta a sanciones disciplinarias puede reclamar incluyen el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, a una audiencia a la que pueda asistir, a presentar argumentos, a estar representado por un abogado, a consultar el expediente, a citar a testigos, a contrainterrogar, a ciertas reglas de prueba, a un aplazamiento y a una decisión razonada”, señala la Corte.