A punto de ser votado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley que modifica la ley N°20.084, sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, ha generado una fuerte preocupación en la Defensoría de la Niñez. La propuesta busca «fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad», lo que, según la institución, representa un retroceso en los derechos de la adolescencia. La Defensoría señala que los cambios propuestos no solo son innecesarios, sino también contraproducentes, pues se alejan de la evidencia que demuestra que la mejor forma de prevenir el comportamiento delictivo y facilitar la reinserción social de los jóvenes infractores es a través de enfoques más rehabilitadores.

El proyecto de ley contempla la posibilidad de endurecer las penas para los adolescentes entre 14 y 16 años, equiparándolas a las de los jóvenes de 16 a 17 años cuando se trate de delitos especialmente graves. Esta modificación, según la Defensoría de la Niñez, afectaría directamente la reinserción social de los adolescentes más jóvenes, quienes requieren un enfoque diferenciado en su tratamiento, tomando en cuenta su etapa de desarrollo y sus posibilidades de rehabilitación. En noviembre pasado, la Defensoría presentó su opinión técnica y recomendaciones a la comisión, subrayando que la legislación actual ya establece mecanismos adecuados para abordar la responsabilidad penal juvenil.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, citó el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile, que recordó la necesidad de un sistema penal juvenil que no se base exclusivamente en la sanción punitiva, sino que avance en la aplicación de estrategias que permitan a los adolescentes ejercer sus derechos y reincorporarse a la sociedad. «Diversos estudios demuestran que la reinserción social es más fácil y menos costosa en los jóvenes que en los adultos», explicó Quesille.

Además, Quesille advirtió que el proyecto de ley no toma en cuenta los recientes avances en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Juvenil, que desde 2023 se está aplicando en todo el país, reemplazando al Sename con el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Este servicio, aprobado tras más de siete años de discusión en el Congreso, cuenta con mecanismos evaluativos, los cuales quedarían desvirtuados por las nuevas modificaciones propuestas.

Otro punto clave señalado por la Defensoría es que el proyecto de ley no aborda de manera adecuada la complejidad del fenómeno delictivo juvenil, como lo demuestra el hecho de que los delitos no solo se han incrementado en número, sino que también han cambiado en su naturaleza, con una concentración de detenciones en un pequeño grupo de adolescentes. «El endurecimiento de las penas no solucionará el problema en su amplitud y complejidad», afirmó Quesille, quien también destacó que muchos adolescentes tienen trayectorias de vida gravemente afectadas por situaciones de violencia y vulneración de derechos en su niñez.

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Además, la Defensoría señaló que las sanciones más severas no han demostrado tener un impacto disuasivo en la comisión de delitos. Según evidencia internacional, los adolescentes con motivaciones para delinquir no consideran las consecuencias penales de sus actos, ya que las penalidades futuras suelen ser vistas como un evento distante e improbable. La neurociencia, en particular la neurocriminología, ha demostrado que antes de los 16 años la inmadurez cerebral afecta la toma de decisiones, lo que hace que la respuesta punitiva sea menos efectiva.

Finalmente, la Defensoría de la Niñez llamó al Congreso a reflexionar profundamente sobre las propuestas legislativas, preguntándose si las medidas que se están tomando realmente abordan los nuevos desafíos, como el crimen organizado que explota a los adolescentes, y si están considerando las trayectorias de vida de estos jóvenes. La institución subrayó la importancia de centrarse en la prevención del ingreso de niños y adolescentes en el comportamiento delictivo, basándose en la evidencia científica y en estrategias que promuevan la reinserción social y el respeto a los derechos fundamentales de los menores.