La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe titulado Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, en el que asegura que las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2023 en Venezuela no fueron justas ni transparentes. El documento denuncia una serie de irregularidades, represión estatal y restricciones a los derechos políticos que profundizaron la crisis política del país y alteraron el orden constitucional.
Un proceso viciado desde el inicio
La CIDH señala que la falta de garantías democráticas estuvo presente en todas las etapas del proceso electoral. Desde el período previo a la votación, el Estado venezolano impuso barreras administrativas y judiciales para impedir la participación de la oposición. Entre los casos más notorios se destacan la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, quien había ganado las primarias opositoras, y los obstáculos para la inscripción de la candidatura alternativa de la académica Corina Yoris.
Además, el informe resalta que la diáspora venezolana, que asciende a más de 5,5 millones de personas, fue excluida del proceso electoral. La CIDH considera que estas restricciones fueron parte de una estrategia sistemática del gobierno venezolano para evitar una competencia electoral genuina y garantizar su permanencia en el poder.
Represión y terrorismo de Estado
El informe también denuncia que las irregularidades electorales fueron acompañadas de una intensa represión y persecución contra la disidencia. Al menos 50 personas, incluidos dirigentes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de mesas de votación, fueron detenidas arbitrariamente durante el período preelectoral y el día de la elección. Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, subrayó que el año 2023 marcó un punto de inflexión en la represión estatal, con un aumento en el miedo y un despliegue masivo de intimidación. “La persecución no solo se dirigió contra periodistas, sino contra toda la sociedad en su conjunto”, afirmó Vaca.
Además, el informe menciona asesinatos ocurridos durante las protestas espontáneas después de las elecciones, desapariciones forzadas, miles de detenciones arbitrarias (incluidas de menores de edad) y numerosos casos de torturas y tratos crueles e inhumanos. La CIDH calificó estas acciones como parte de una política de «terrorismo de Estado», impulsada por las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad, que fomentaron un clima de terror a través de declaraciones y publicaciones en redes sociales.
El periodismo sobrevive en Venezuela
Pedro Vaca también advirtió sobre la difícil situación del periodismo en Venezuela, calificándolo como un acto de supervivencia. Según Vaca, “Hoy identificamos más desincentivos que incentivos para ejercer el periodismo. Hay un ambiente de miedo deliberado, con detenciones arbitrarias, cuestionamientos estigmatizantes desde el poder y problemas de sostenibilidad económica”. El relator destacó que, a pesar de los riesgos y obstáculos, el periodismo sigue existiendo en el país, pero a un alto costo en términos de compromiso y sacrificio personal.
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Recomendaciones de la CIDH
Ante la grave situación descrita en el informe, la CIDH hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a las autoridades venezolanas para tomar medidas que permitan restablecer el orden democrático y garantizar los derechos humanos en el país. Entre las principales recomendaciones de la CIDH se incluyen:
1. Publicación de las actas de votación y realización de un escrutinio independiente para garantizar la transparencia del proceso electoral.
2. Liberación de todos los presos políticos, quienes han sido detenidos por su oposición al régimen.
3. Cese inmediato de las detenciones arbitrarias y la persecución política contra disidentes y opositores.
Con estas recomendaciones, la CIDH insta al gobierno venezolano a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y a tomar medidas concretas para restaurar la democracia en el país.
Vea Informe Venezuela graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral.