El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland emitió una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) que limita el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a la información personal de ciudadanos estadounidenses contenida en los registros de la Administración del Seguro Social (SSA). La decisión se adoptó en un proceso judicial iniciado por diversas asociaciones nacionales de trabajadores y un grupo de defensa, quienes alegaron que dicho acceso no cumplía con los requisitos legales establecidos en materia de privacidad y procedimientos administrativos.
En su demanda, los accionantes adujeron que la SSA habría conferido a DOGE acceso irrestricto a una amplia variedad de datos sensibles sin salvaguardias adecuadas ni criterios claramente definidos para su uso. Entre la información presuntamente consultada se encontraban números de seguro Social, historiales médicos y laborales, información financiera, documentos de identidad y datos personales de contacto. Los demandantes sostuvieron que la recolección de estos datos no se basaba en indicios específicos de fraude, sino en procedimientos de búsqueda amplios y no diferenciados.
El Tribunal consideró que la actuación de la SSA, al proporcionar acceso a esta información sin restricciones ni un marco normativo preciso, podría ser calificada de arbitraria y caprichosa, en posible contravención de la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo. En su resolución, el Tribunal subrayó la necesidad de garantizar la protección de los datos personales y evitar un tratamiento que violen los principios de proporcionalidad y necesidad en su acceso y uso.
Para la concesión de la TRO, el Tribunal evaluó los criterios legales pertinentes, concluyendo que los demandantes demostraron una probabilidad suficiente de éxito en el fondo del litigio, la existencia de un perjuicio irreparable en caso de no concederse la medida cautelar, el equilibrio de intereses a favor de los accionantes y la conveniencia de la medida en función del interés público.
En este sentido, el fallo implica la suspensión temporal del acceso de DOGE a los datos en cuestión mientras se desarrolla el juicio de fondo. El Tribunal aseguró que la decisión busca proteger el principio de tutela cautelar, garantizando la integridad de la información en tanto se resuelvan las cuestiones de fondo planteadas en la demanda.