El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló una orden ejecutiva con efectos restrictivos dictaminada contra la firma de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (“Paul Weiss”), uno de los estudios jurídicos más grandes del país. Dicha orden establecía limitaciones para el bufete en lo relativo a su acceso a edificios gubernamentales, la revocación de autorizaciones de seguridad y la prohibición de que agencias federales formalizaran o mantuvieran contratos con la firma.
La orden ejecutiva se había fundado en la presunta existencia de políticas y prácticas en Paul Weiss que, a juicio del Ejecutivo, podrían afectar “principios fundamentales del sistema legal”. Se mencionaba, además, la participación previa de ciertos abogados vinculados a la firma en procedimientos judiciales contra la administración Trump en asuntos de interés público.
Tras la entrada en vigor de la orden ejecutiva, representantes de Paul Weiss iniciaron un proceso de negociación con el gobierno federal con el objetivo de alcanzar una solución que permitiera la continuidad de sus operaciones. Como resultado de estas negociaciones, la firma acordó modificar ciertas políticas internas, incluyendo la eliminación de sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), así como la adopción de un modelo de contratación basado exclusivamente en criterios de mérito.
Además, Paul Weiss se comprometió a destinar el equivalente a 40 millones de dólares en servicios legales pro bono para diversas causas, incluyendo la asistencia a veteranos, la promoción de la equidad en el sistema de justicia y la lucha contra el antisemitismo. Asimismo, la firma se sometió a una auditoría externa para evaluar sus políticas de empleo y garantizar su cumplimiento con los requisitos legales aplicables.
En consecuencia, el presidente Trump emitió una nueva orden ejecutiva dejando sin efecto las disposiciones previas dictaminadas contra el estudio jurídico, en virtud de los compromisos adquiridos por la firma y la constatación de que las condiciones que motivaron la orden original habían sido modificadas.
Las medidas adoptadas por Paul Weiss han generado diversas reacciones dentro del sector legal. Mientras algunas organizaciones han expresado posturas críticas, argumentando que dichas acciones afectan principios establecidos en la práctica jurídica, otras han destacado el impacto de los acuerdos alcanzados en la estabilidad operativa de la firma. En paralelo, otras firmas de abogados, como Perkins Coie LLP, han optado por impugnar disposiciones similares a través de procedimientos judiciales, obteniendo resoluciones favorables en tribunales federales.
La resolución de este caso se enmarca dentro de un contexto más amplio de revisión de las políticas de diversidad en el ámbito corporativo y gubernamental en los Estados Unidos. En particular, la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales ha iniciado procesos de auditoría dirigidos a evaluar el cumplimiento de normativas antidiscriminatorias en entidades con contratos federales vigentes.
“Paul Weiss indicó que emprenderá un cambio de rumbo notable. Específicamente, Paul Weiss ha reconocido las faltas de su ex socio Mark Pomerantz, y ha acordado una serie de cambios de política para promover la igualdad, la justicia y los principios que mantienen a nuestra Nación fuerte, incluyendo: adoptar una política de neutralidad política con respecto a la selección de clientes y la contratación de abogados; asumir una amplia gama de asuntos pro bono que representan todo el espectro político. Este desarrollo debería dar esperanza a los estadounidenses. Si la profesión legal dedica una fracción de su energía a llevar justicia a las comunidades locales, liberar a las empresas trabajadoras, fortalecer a la familia estadounidense y unificar a nuestra Nación, todos los estadounidenses se beneficiarán”, señala la resolución.