El Tribunal Constitucional de Corea del Sur resolvió que el proceso de destitución iniciado contra el primer ministro Han Duck-soo no cumplió con los requisitos para su validez, determinando que su conducta, aunque parcialmente inconstitucional, no constituyó una violación grave de la confianza pública. En consecuencia, se ordenó la restitución de Han en su cargo de presidente interino.
La resolución fue adoptada por el pleno del Tribunal Constitucional, compuesta por ocho jueces. De estos, uno votó a favor de la destitución, mientras que cuatro se pronunciaron a favor de desestimar el caso y dos declararon la invalidez procesal del litigio. Asimismo, cuatro jueces concluyeron que el primer ministro incurrió en actos inconstitucionales al no proceder con la designación de tres jueces del Tribunal Constitucional propuesta por la Asamblea Nacional.
El caso se enmarca en los acontecimientos ocurridos en diciembre de 2024. El día 14 de dicho mes, la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, aprobó una moción de destitución contra el entonces presidente Yoon Suk Yeol en respuesta a la declaración de la ley marcial. Como consecuencia de esta decisión, Yoon fue arrestado, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en ser detenido en la historia del país. Posteriormente, fue liberado el 7 de marzo.
En virtud del Artículo 71 de la Constitución de Corea del Sur, Han asumió la presidencia interina tras la destitución de Yoon. No obstante, posteriormente la Asamblea Nacional aprobó, con 192 votos a favor, una nueva moción de impeachment contra Han. Esta medida se fundó en el veto ejercido por este sobre un proyecto de ley que establecía un consejo especial para investigar la gestión del expresidente Yoon, así como en su negativa a nombrar a los jueces seleccionados por la Asamblea. En virtud del Artículo 65(3) de la Constitución, han quedado suspendidas de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional emitiera un fallo definitivo sobre su destitución.
Una vez emitida la resolución que declaró ilegítimo el impeachment, Han fue restituido en su cargo. Tras el anuncio, expresó su reconocimiento al Tribunal y agradeció la labor del presidente interino Choi Sang-mok durante el período de suspensión.
Por su parte, miembros del Partido Democrático de Corea, principal partido de la oposición, manifestaron su desacuerdo con la decisión, calificándola de improcedente. Mientras tanto, el proceso judicial contra el expresidente Yoon continúa en curso, y diversos sectores políticos han solicitado una resolución expedita del caso.
“En particular, dado que el sistema presidencial interino es un sistema introducido en una situación de emergencia nacional, como la vacante o el accidente del presidente, existe una necesidad aún mayor de prevenir el abuso del sistema de impeachment para evitar el caos nacional bajo dicho sistema. Además, la Constitución estipula que el Primer Ministro es designado por el Presidente, quien es elegido directamente por el pueblo, con el consentimiento de la Asamblea Nacional, que puede ser considerada otro órgano representativo del pueblo (artículo 86, párrafo 1), por lo que el peso de su legitimidad democrática o la importancia de su estatus constitucional no pueden considerarse pequeños”, señala el Tribunal.
“Por lo tanto, el proceso de destitución del Primer Ministro, que actúa en nombre del Presidente, debe interpretarse de forma que se ejerza con la misma cautela que el del Presidente. Dado que el demandante aprobó la moción de juicio político contra el acusado solo con el consentimiento de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional, la solicitud de juicio político en este caso basada en esta moción es ilegal ya que no satisface el quórum para la resolución del juicio político según lo estipulado en la Constitución”, concluye en su sentencia.