Tras una serie reciente de hechos de violencia contra funcionarios de seguridad municipal en diversas comunas de la Región Metropolitana, el Gobierno anunció que el proyecto de ley de seguridad municipal (boletín 15.940-07) recibiría discusión inmediata.
En términos generales, hay coincidencia en la necesidad de institucionalizar y entregar un contexto normativo claro al rol que cumplen los municipios en materia de seguridad. Particularmente, el papel que juegan los funcionarios municipales que hoy carecen de atribuciones y herramientas para colaborar con las policías en materia de seguridad pública.
Tal como en otras discusiones relativas a la seguridad es necesario que los municipios tengan mayor claridad sobre qué pueden hacer y que existan protocolos que encuadren el actuar de los funcionarios municipales en un marco jurídico, así como considerar las limitantes a las que se verán enfrentados.
También es fundamental definir bajo qué figura se desempeñarán los guardias municipales, ya que actualmente no están considerados por el estatuto administrativo municipal, con las consecuencias que eso implica.
El rol de los funcionarios municipales podría liberar a Carabineros de llevar a cabo tareas como el control de medidas cautelares para concentrarse en el orden público, idea positiva que han levantado los alcaldes.
El financiamiento asociado parece insuficiente considerando las propias exigencias que impone el proyecto de ley. Los fondos comprometidos alcanzan los $5.308 millones, es decir, un promedio de poco más de $5 millones anuales por municipio. Además, no establece con claridad los criterios de priorización de asignación de estos recursos. Los recursos no son suficientes para el logro de resultados. No están a la altura del problema que se busca solucionar. Incluso los recursos asignados son bajos para las nuevas tareas que se establecen para los municipios en el mismo proyecto de ley. Debe considerarse que con aquellos fondos deben pagarse tanto funcionarios como elementos tecnológicos y de protección.
La iniciativa contempla capacitaciones y la posibilidad de uso de ciertos elementos de defensa de los funcionarios para la protección de su vida e integridad física. En este contexto, se ha dado un extenso debate a propósito de las armas letales y las menos letales que pudieran autorizarse, como las llamadas “taser”. Lamentablemente, el debate parlamentario no ha buscado puntos intermedios como podría ser que los municipios que decidan que sus guardias utilicen este tipo de instrumentos deban contar también con dispositivos de registro audiovisual, para poder dar cuenta del uso adecuado del arma.
Se ha planteado que los inspectores municipales, en el ejercicio de sus funciones de seguridad y prevención del delito, puedan realizar controles de identidad, pero esta propuesta enfrenta diversos desafíos. En primer lugar, la facultad de realizar controles de identidad preventivos es exclusiva de las policías, lo que genera dudas sobre la pertinencia de otorgar esta atribución a los inspectores municipales. Además, existen dificultades legales y técnicas: por ejemplo, el acceso y la disponibilidad a las bases de datos de las policías que les permita verificar la identidad de las personas controladas. También surge la interrogante de qué procedimiento seguir en caso de que una persona no pueda acreditar su identidad y cómo exigir su traslado a una comisaría para completar el control. Nada de esto está definido. Sin embargo, es perfectamente posible que estas atribuciones sean establecidas de forma clara y acotada en la ley
En casos de violencia intrafamiliar, el proyecto ya contempla que los inspectores puedan colaborar en la fiscalización de las medidas de protección dictadas por los jueces para la seguridad de las víctimas, mediante la realización de rondas. Si bien ello representa un avance, podría ampliarse a medidas cautelares generales de las causas penales, tales como las de arresto domiciliario total, parcial o nocturno, prohibición de acercarse al ofendido o a su familia, y la obligación de hacer abandono de un inmueble determinado. Esto podría disminuir la carga laboral de Carabineros y llevar un mejor control de cumplimientos, incumplimientos, medidas vigentes y otros datos útiles para la planificación de la seguridad en la comuna.
Vea informe seguridad municipal.