La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció la apertura de audiencias en el caso que Sudán entabló contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En su petición, Sudán solicita la adopción de medidas provisionales con el fin de impedir actos que, según su argumentación, constituirían una violación de las obligaciones internacionales derivadas de dicho tratado.
De acuerdo con la solicitud sudanesa, la presunta responsabilidad de los Emiratos Árabes Unidos se derivaría de su supuesto apoyo a la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Sudán sostiene que dicha milicia ha cometido actos de violencia contra la población Masalit en la región de Darfur Occidental, con la intención de causar su destrucción total o parcial. En la denuncia alega que se han cometido asesinatos de civiles, incluidos mujeres y menores de edad, motivados por factores étnicos y raciales.
La petición señala que los EAU habrían proporcionado asistencia a la RSF en diversas formas, incluyendo apoyo financiero, de comunicaciones y el envío de agentes vinculados a estas operaciones. Sobre esta base, Sudán aduce que los Emiratos Árabes Unidos han incumplido sus compromisos bajo la Convención sobre el Genocidio, al no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir o sancionar tales actos.
En el marco de su solicitud, Sudán invocó el artículo 41 del Estatuto de la CIJ y los artículos 73 a 75 de su Reglamento, requiriendo la dictación de medidas provisionales. Entre las medidas solicitadas, se encuentra la instrucción a los Emiratos Árabes Unidos para que adopten todas las disposiciones necesarias con el fin de evitar nuevos actos de violencia contra la comunidad Masalit y cesen cualquier tipo de apoyo a la RSF y sus milicias asociadas.
En virtud de este litigio, la CIJ ha programado una audiencia para el 10 de abril con el propósito de escuchar los argumentos de las partes y evaluar la pertinencia de las medidas provisionales solicitadas. En caso de ser concedidas, tendrán carácter vinculante, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia de la Corte.