El informe final de la Comisión investigadora del caso ProCultura, aprobado por los diputados Andrés Longton y José Miguel Castro, destaca:
– Un «posible modus operandi sistemático» en la asignación directa de fondos
– Deficiente fiscalización administrativa y debilidades en los procedimientos internos
– Gastos no autorizados y sin relación con los objetivos de los convenios por parte de ProCultura
– Una compleja red de empresas relacionadas con integrantes de la fundación
– Cuestionamientos sobre la transparencia y probidad en la administración de recursos públicos
– Observaciones al rol de algunos gobernadores regionales y del exsubsecretario de la Subdere
El documento propone:
1. Impulsar iniciativas legislativas sobre probidad y transparencia: el informe de la CEI ProCultura plantea como indispensable impulsar iniciativas legislativas que aborden los temas de probidad y transparencia al interior de la administración pública.
2. Aumentar recursos para la ContralorÃa: se suma potenciar a la ContralorÃa por medio de un aumento de recursos destinados a la contratación de personal dedicado a labores de fiscalización.
3. Robustecer el sistema de rendición de cuentas: también, la necesidad de robustecer el sistema de rendición de cuentas de distintas instituciones y reparticiones públicas.
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4. Implementar auditorÃas regulares y rigurosas: otro punto que el texto releva es en materia de auditorÃas. AsÃ, la idea es que estas sean regulares y rigurosas.
5. Agilizar procesos en casos de posible corrupción: a esas solicitudes se suma el agilizar distintos procesos, especialmente ante casos como de posible corrupción o traspaso de recursos de forma indebida.
Cabe destacar que la fundación Procultura es también indagada por el Ministerio Público por un eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6 mil millones con diversas gobernaciones regionales.
La fundación ProCultura está siendo investigada por el Ministerio Público por un presunto fraude al fisco de cerca de 6 mil millones de pesos.