El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicó un informe en el que se identifica a 54 funcionarios nicaragüenses como los principales responsables de la campaña de represión implementada por el régimen de Daniel Ortega, en el marco de hechos que, según la investigación, constituirían graves violaciones a los derechos humanos.
Entre los funcionarios mencionados figuran autoridades del más alto nivel, como el presidente de la República, la vicepresidenta, el director general de la Policía Nacional y el fiscal general. El informe detalla que los hechos investigados comprenden, entre otros, actos de detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones sumarias y restricciones al ejercicio de libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión y de asociación.
El documento también se refiere a afectaciones a distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo integrantes de organizaciones religiosas, medios de comunicación y entidades defensoras de derechos humanos. Conforme al informe, tales hechos habrían provocado la salida del país de numerosos ciudadanos, entre ellos actores relevantes de la oposición política, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales.
El informe se inserta en un contexto en el que, durante el año 2024, se impulsaron reformas constitucionales relevantes. En noviembre de dicho año, la Asamblea Nacional aprobó la designación de la vicepresidenta como copresidenta, así como la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años. Estas modificaciones fueron ratificadas en febrero de este año y han tenido como efecto una reconfiguración del régimen político y jurídico vigente en Nicaragua.
Cabe señalar que el mismo Grupo de Expertos emitió en febrero de 2025 una declaración pública advirtiendo sobre determinados elementos del sistema institucional nicaragüense que, a su juicio, podrían ser incompatibles con estándares internacionales en materia de derechos humanos. A su vez, en septiembre de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que se daba cuenta de diversas situaciones que afectaban el pleno goce de los derechos fundamentales en el país.
En esta línea, el gobierno de Estados Unidos adoptó en 2024 una serie de medidas restrictivas, incluyendo la suspensión de exportaciones de armamento hacia Nicaragua. Según lo señalado por el Departamento de Estado, dichas medidas fueron adoptadas en atención a consideraciones relativas a procesos electorales y la situación de derechos humanos en el país.
“El presente documento identifica a las personas sobre las cuales el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que son responsables de violaciones, abusos y crímenes. Una lista con estos nombres fue enviada al Gobierno nicaragüense para dar a las personas identificadas la oportunidad de responder a las acusaciones formuladas contra ellas. El Grupo recuerda que, si bien el umbral de “motivos razonables para creer” es inferior al requerido para establecer la responsabilidad en un proceso penal, es suficiente para justificar el inicio de investigaciones”, señala el informe.
“A pesar de los llamamientos del Consejo al Gobierno de Nicaragua para que coopere plenamente con el Grupo, incluso concediéndole acceso sin restricciones a todo el país, el Gobierno sigue negándose a colaborar con el Grupo. Desde el inicio de su mandato, el Grupo ha enviado 17 cartas sin respuesta solicitando información a las autoridades nicaragüenses2. El 27 de febrero de 2025, el Gobierno de Nicaragua anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos y de todos sus mecanismos subsidiarios”, agrega el documento.