El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó, durante el 58º periodo de sesiones celebrado en Ginebra (Suiza), una resolución relativa a la situación en Siria la cual constituye el primer instrumento jurídico emitido por dicho órgano tras la caída del régimen de Bashar al-Asad, el pasado 8 de diciembre de 2024.
La resolución contempla un total de treinta y cinco disposiciones, entre demandas, reconocimientos y reafirmaciones. Entre sus puntos más relevantes se incluye la exigencia de responsabilidad individual por violaciones y abusos a los derechos humanos documentados antes y durante el periodo de transición. Asimismo, se hace referencia a la aplicación de mecanismos de justicia transicional como medio para garantizar procesos jurídicos conforme al derecho internacional.
La resolución también manifiesta el respaldo del Consejo a los compromisos asumidos por las autoridades interinas sirias en el marco del proceso de formación de un gobierno de transición. Se reconoce, además, la disposición de dichas autoridades a facilitar elecciones libres en una fase posterior, conforme a los principios de participación ciudadana y representatividad.
En cumplimiento de sus facultades, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, órgano dependiente del Consejo, efectuó inspecciones presenciales en diversas instalaciones estatales, entre ellas centros de detención ubicados en Damasco y zonas circundantes. Estos accesos fueron autorizados por la administración interina y permitieron la recopilación de pruebas documentales y testimoniales, incluyendo entrevistas con personas detenidas, actores de la sociedad civil y diversas víctimas.
El informe presentado por la Comisión describe los eventos relacionados con el cambio de régimen, la situación en el territorio nacional desde dicha fecha y los retos identificados para el desarrollo institucional y la protección de los derechos fundamentales en el país.
Paralelamente, la resolución incorpora una declaración sobre el impacto de las sanciones internacionales dictadas contra Siria, recomendando su revisión. También se incluye una referencia a la Declaración Constitucional Siria, adoptada en marzo de 2025, la cual establece un marco jurídico provisional que reconoce derechos y libertades fundamentales. En este contexto, se menciona la designación de Ahmed al-Sharaa como titular del poder ejecutivo transitorio, conforme a los términos establecidos en el texto constitucional.
Finalmente, el Consejo condena actos de violencia ocurridos en marzo de 2025, atribuidos a enfrentamientos entre sectores opuestos a la actual administración. Se solicita la apertura de investigaciones independientes respecto a las muertes de civiles asociadas a esos acontecimientos.
La Comisión de Investigación ha sido instruida para presentar actualizaciones periódicas sobre la evolución de la situación en Siria en los tres próximos periodos de sesiones del Consejo. El siguiente informe está previsto para junio de 2025.