La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto de ley que modifica el sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. La propuesta, originada en una moción parlamentaria, busca fortalecer la respuesta sancionatoria frente a delitos de especial gravedad.

Antes de la votación, la instancia recibió a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien advirtió que la evidencia muestra que bajar la edad de responsabilidad penal o aumentar las sanciones a menores no tiene efectos en los índices de criminalidad.

Silva explicó que Chile ya está alineado con la recomendación del Comité de los Derechos del Niño en cuanto a la edad mínima para la responsabilidad penal, establecida en 14 años. Añadió que reducir dicha edad tendría un impacto negativo en el desarrollo psicológico y emocional de los adolescentes, al interrumpir sus procesos de desarrollo moral y social, lo que además podría aumentar la reincidencia delictiva.

Respecto al aumento de penas, sostuvo que estudios internacionales demuestran que esto no tiene un efecto disuasivo real en los adolescentes, quienes no responden de la misma forma que los adultos debido a su inmadurez neurológica y moral. En contraste, señaló que la justicia restaurativa sí ha demostrado ser eficaz, ya que permite una intervención diferenciada orientada a la rehabilitación.

Normas aprobadas

La comisión concluyó la votación del articulado del proyecto. Se aprobó, entre otras normas, que los adolescentes entre 14 y 16 años enfrenten las mismas penas que los de entre 16 y 18 en delitos especialmente graves, como robo con secuestro, violación, homicidio simple y homicidio calificado, con penas de hasta 10 años.

También se aprobó la norma propuesta por el Ejecutivo que establece que todos los procesos penales en los que participen adolescentes junto a adultos se tramiten bajo la jurisdicción especializada adolescente.

En la última jornada, se aprobó por unanimidad una indicación que determina que el quebrantamiento del régimen cerrado implicará una intensificación del plan de intervención. Asimismo, en caso de fuga o evasión, el condenado no podrá solicitar la sustitución o remisión de la condena por un periodo de entre seis meses y un año.

Además, se respaldó la indicación parlamentaria que obliga a los tribunales a escuchar a las víctimas antes de resolver sobre la sustitución o remisión de una condena.

Cambios rechazados

Desde el Ejecutivo se argumentó que varias de las disposiciones del proyecto ya están abordadas en las leyes N° 21.527 y N° 21.694, por lo que algunas propuestas podrían considerarse redundantes o desproporcionadas.

Con ese fundamento, la comisión rechazó normas que buscaban objetivizar los criterios judiciales y limitar la discrecionalidad de los jueces, como lo planteó el diputado Andrés Longton. También se rechazó la indicación del diputado Luis Sánchez que proponía la expulsión del país de adolescentes infractores sin residencia regular como pena accesoria.

Con la votación concluida, el proyecto queda listo para ser debatido por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Vea texto de moción Boletín N° 15.589 y siga su tramitación aquí.