A siete años del estallido de la crisis sociopolÃtica y de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que condena la persistente represión estatal y la consolidación de un régimen autoritario. La CIDH expresó su solidaridad con las vÃctimas y sus familiares, recordando a las más de 300 personas que perdieron la vida desde el inicio de las protestas en abril de 2018.
La situación en el paÃs continúa deteriorándose, según el monitoreo realizado por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). La CIDH ha documentado graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos a personas privadas de libertad, y severas restricciones a libertades fundamentales como el derecho a la nacionalidad, a la libre expresión, y a la movilidad.
En febrero de este año, nuevas reformas constitucionales profundizaron la concentración del poder en la Presidencia, encabezada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta, lo que representa —según la CIDH— la legalización del desmantelamiento democrático y la eliminación de contrapesos institucionales.
Actualmente, 42 personas permanecen detenidas arbitrariamente en condiciones degradantes, en un contexto de más de 2.000 detenciones desde 2018. En lo que va de 2024, la CIDH ha adoptado 13 medidas cautelares y ha solicitado la ampliación de dos medidas provisionales ante la Corte IDH para proteger a personas en riesgo.
Además, se ha denunciado la cancelación arbitraria de 5.441 organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas acompañada de la confiscación de bienes. La persecución también alcanza a periodistas, artistas, defensores de derechos humanos y cualquier persona considerada opositora. En marzo, se registró el bloqueo arbitrario de sitios web de medios independientes bajo el dominio .com.ni, como Confidencial, La Prensa, 100% Noticias y Onda Local.
El acoso a lÃderes religiosos también se ha intensificado: desde 2023, al menos 46 religiosos han sido detenidos, excarcelados y luego expulsados del paÃs. Se impusieron además restricciones severas a la libertad religiosa, incluyendo vigilancia y censura de ceremonias y sermones.
La situación de los pueblos indÃgenas y afrodescendientes en la Costa Caribe es alarmante. La invasión de colonos armados ha generado desplazamientos forzados y violencia sistemática, todo bajo la tolerancia del Estado.
Asimismo, más de 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad de manera arbitraria, generando casos de apatridia. Desde enero de 2024, se han documentado al menos 290 rechazos de ingreso al paÃs y 348 actos de represión migratoria. A la fecha, más de 400.000 personas han huido de Nicaragua para proteger su vida e integridad.
Ante este panorama, la CIDH insta al gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, liberar a todas las personas detenidas por motivos polÃticos, y restablecer el Estado de derecho. También llama a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para poner fin a la represión y apoyar el retorno de la democracia.
La Comisión reafirma su compromiso de continuar monitoreando la situación a través del MESENI, denunciando las violaciones, y acompañando a las vÃctimas y sus familias en su búsqueda de justicia y verdad.