El Tribunal Supremo del Reino Unido resolvió por unanimidad que, a efectos legales, el término “mujer” en la Equality Act de 2010 alude exclusivamente al sexo biológico femenino, y no incluye a las mujeres trans, incluso cuando estas cuentan con un Gender Recognition Certificate (GRC), documento que les reconoce legalmente como mujeres.
La sentencia, dictada por 5 magistrados –Robert John Reed, presidente del Tribunal Supremo, Patrick Stewart Hodge, vicepresidente, Lord Reed, David Lloyd Jones, Vivien Rose y Ingrid Ann Simler–, da la razón a la organización escocesa For Women Scotland (FWS), que recurrió una normativa del Gobierno de Escocia destinada a aumentar la presencia femenina en los consejos de administración de organismos públicos.
FWS argumentó que incluir a mujeres trans con GRC en ese recuento vulneraba el principio de espacios y derechos reservados a mujeres biológicas. «Pensábamos que los derechos de las mujeres retrocederían y hoy los jueces han dicho lo que siempre hemos pensado: las mujeres están protegidas por su sexo biológico», celebró Susan Smith, codirectora del grupo.
«Las mujeres ahora pueden sentirse seguras sabiendo que los servicios y espacios destinados a mujeres están reservados para mujeres», añadió.
“La definición de mujer y de sexo en la Equality Act de 2010 se refiere a una mujer biológica y al sexo biológico”, afirmó Lord Hodge, vicepresidente del Tribunal Supremo, en una intervención que despeja una cuestión jurídicamente compleja y socialmente polarizadora.
Según explicó, permitir que una mujer trans con GRC acceda a derechos vinculados exclusivamente al sexo femenino, como la maternidad, implicaría otorgarle “más derechos que a una mujer biológica”.
El fallo no deja sin protección legal a las personas trans. El propio Lord Hodge subrayó que pueden acogerse a la categoría de “gender reassignment” (reasignación de género), también protegida por la ley, y ser amparadas por situaciones de discriminación “por ser percibidas como mujeres”.
El Gobierno británico celebró la sentencia. “Aporta claridad y confianza a las mujeres y a los proveedores de servicios como hospitales, refugios o clubes deportivos. Los espacios unisex están protegidos por ley y lo seguirán estando”, aseguró un portavoz del Ejecutivo.
El Partido Laborista consideró que el fallo aporta “claridad jurídica”, y los conservadores lo calificaron como “una victoria del sentido común”, al tiempo que pidieron revisar la actual normativa para garantizar su correcta interpretación.
La decisión, aunque surgida a raíz de una cuestión administrativa en Escocia, tendrá un impacto decisivo en el marco normativo que regula los derechos de las personas trans y su encaje en las políticas de igualdad en todo el Reino Unido.
El juicio giraba en torno a la interpretación de la ley británica de Igualdad (Equality act) de 2010 y a una ley de 2018 aprobada por el Parlamento de Escocia que establece que debe haber una representación femenina del 50% en los consejos de administración de los organismos públicos escoceses.