La reforma electoral de 2015 ha provocado una hiper fragmentación del sistema político, dificultando la gobernabilidad y trasladando el poder de decisión a minorías con baja representación ciudadana. El problema no radica solo en la fórmula electoral proporcional con distritos grandes, sino también en la existencia de requisitos laxos para formar partidos y un diseño de financiamiento público que incentiva la proliferación de colectividades sin un real anclaje político y social, señala la publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.
El período 2015-2025 se caracteriza por una creciente fragmentación política. El número de partidos en la Cámara de Diputados pasó de un promedio de 8 a 17 en la primera elección con el nuevo sistema. Mientras que, en el proceso eleccionario de 2021, se superó la veintena de agrupaciones con representación.
La atomización del sistema de partidos complica la formación de acuerdos. Al punto que grupos con poco respaldo ciudadano han adquirido un alto margen de maniobra y negociación en el Congreso, agrega la publicación.
El problema no se debe a un solo factor, sino a la interacción de varias deficiencias en el sistema político. Así, entre los factores que potencian la fragmentación, se menciona el mecanismo electoral con distritos grandes y alto número de escaños; requisitos laxos para la constitución de partidos políticos; y un sistema de financiamiento público que incentiva la proliferación de colectividades.
Los distritos pueden llegar a tener hasta 8 diputados, lo que facilita la elección de representantes de partidos pequeños. La cifra repartidora es un mecanismo en la asignación de escaños que favorece a partidos minoritarios y los requisitos para formar partidos, al reducir el número de firmas necesarias para constituirlos, también ha contribuido a la fragmentación
Enseguida, el financiamiento público permanente a los partidos legalmente constituidos también parece estimular la creación de partidos que no necesariamente representan corrientes de opinión mayoritarias.
El estudio del Instituto Libertad y Desarrollo, echa en falta un umbral electoral. A diferencia de otros sistemas proporcionales, no existe un porcentaje mínimo de votos para acceder a la representación parlamentaria.
En suma, se observa un debilitamiento de las coaliciones, puesto que el sistema actual no incentiva la formación de coaliciones estables, lo que contribuye a la atomización política.
Entre las propuestas de reforma que se proponen para el Sistema Electoral; reducir la magnitud de los distritos (entre 2 y 6 escaños); aumentar el número de distritos de 28 a 30; realizar un redistritaje completo a través de una comisión técnica transversal; disminuir el número total de diputados de 155 a 120; y como alternativa, establecer un sistema uninominal con 100 distritos y 20 escaños por listas.
Estas propuestas buscan abordar la fragmentación política y mejorar la gobernabilidad al reducir el número de partidos con representación parlamentaria y fortalecer la formación de mayorías políticas estables.
En relación a la constitución de Partidos Políticos, elevar el requisito de afiliación del 0,25% al 0,5% de los electores de la última elección de diputados, como un mínimo de 1.000 electores por región.
Estas medidas buscan hacer más exigente la formación de nuevos partidos políticos y asegurar que los partidos tengan un mayor respaldo ciudadano antes de constituirse.
Respecto al financiamiento público, se plantea restringir el acceso al financiamiento basal a partidos que obtengan al menos 5% de votos; instaurar un fondo único de instalación para partidos nuevos realizado en un pago único que no supere las 260 UF, estableciendo, además, que los partidos nuevos no recibirán pagos trimestrales permanentes hasta que logren el umbral del 5% de votos; y en las elecciones presidenciales, hacer devolución contra voto solo para candidatos con más del 5% de votos.
Estas medidas buscan limitar el acceso al financiamiento público a partidos con un respaldo electoral significativo; desincentivar la creación de partidos sin un apoyo ciudadano real; y promover un uso más eficiente de los recursos públicos destinados al financiamiento político.
El estudio enfatiza en la necesidad de una reforma sistémica que aborde todos estos aspectos para mejorar la gobernabilidad, la calidad de la representación y la estabilidad democrática, desde que la experiencia de la última década ha demostrado que un sistema electoral mal diseñado puede tener efectos negativos en: la gobernabilidad, la calidad de la representación, la estabilidad democrática, generando una fragmentación del Congreso, proliferación de partidos sin arraigo y debilitamiento del vínculo entre representantes y representados.