La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) publicó su primer informe trimestral de derechos humanos correspondiente al año 2025, en el que se describe el marco normativo y las prácticas administrativas implementadas por las autoridades de facto en Afganistán desde agosto de 2021, con énfasis en su impacto sobre los derechos de las mujeres.
Desde la retirada de las fuerzas extranjeras y la toma del poder por los talibanes en 2021, se ha producido una modificación sustancial del orden jurídico previamente vigente, incluyendo la suspensión de normas legales previamente adoptadas como la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este contexto, el informe de la UNAMA examina el grado de acceso de las mujeres a derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales, como la educación, el empleo, la atención sanitaria y la libertad de circulación.
El documento señala que, conforme a las disposiciones vigentes emitidas por el gobierno talibán, se mantiene la prohibición de acceso a la educación secundaria y superior para niñas y mujeres, sin que existan disposiciones conocidas que prevean su restablecimiento. Asimismo, se identifica un patrón normativo que condiciona el acceso a determinados servicios públicos y privados a la presencia de un acompañante masculino (mahram), lo cual ha generado restricciones en la práctica al acceso a clínicas, mercados y medios de transporte.
En relación con el ámbito laboral, el informe denuncia la existencia de un decreto promulgado en 2023 que prohíbe la actividad de salones de belleza operados por mujeres, incluso en espacios privados. Además, se informa de la clausura de medios de comunicación gestionados por mujeres, motivada por la ausencia de trabajadores varones registrados, conforme a las normativas aplicables.
El texto también recoge declaraciones públicas de representantes de las autoridades afganas, quienes afirman que los derechos de las mujeres se encuentran protegidos conforme a la legislación islámica y a los valores culturales locales. El Ministerio para la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio reitera su adhesión al decreto de 2021 relativo a la protección de derechos conforme a dicho marco.
El informe incluye, además, referencias a la aplicación parcial de normas relacionadas con los derechos sucesorios y la intervención en casos de matrimonios forzados. Sin embargo, se documentan también casos en los que representantes locales habrían intentado imponer matrimonios no voluntarios.
En el plano internacional, el informe hace mención a las actuaciones emprendidas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, referidas a presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con persecución por motivos de género. Las autoridades afganas han manifestado su rechazo a la jurisdicción de la Corte, aduciendo que las normas internacionales no son vinculantes para el Estado bajo su administración y que las interpretaciones de la CPI son incompatibles con el marco jurídico-religioso interno.