El partido político Alternativa para Alemania (AfD) interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Colonia para impugnar la decisión de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungsschutz) de designarlo organización extremista. La formación sostiene que dicha clasificación vulnera derechos fundamentales reconocidos en el artículo 21 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, en particular aquellos relativos a la libertad de expresión y a la igualdad de oportunidades entre los partidos políticos.
En la demanda, los representantes legales del partido aducen que las actuaciones de la agencia de inteligencia constituyen un menoscabo a la libre competencia entre opciones políticas en el marco del orden constitucional vigente. Asimismo, los portavoces del partido, Tino Chrupalla y Alice Weidel, manifestaron que la medida supone una interferencia desproporcionada en el ejercicio de los derechos políticos y representa, en su opinión, un uso indebido de las facultades conferidas al organismo estatal.
La Oficina, mediante resolución de fecha 2 de mayo de 2025, fundó su decisión en una serie de investigaciones internas que concluyeron que determinadas doctrinas y actividades del partido eran contrarias a los principios de dignidad humana, democracia y Estado de derecho, consagrados en el orden constitucional alemán. Entre los elementos considerados se incluyen expresiones públicas, documentos internos, así como la participación de afiliados en actos y estructuras asociadas a sectores de extrema derecha.
Entre los antecedentes citados por el organismo se encuentra la resolución judicial emitida por el tribunal regional de Halle, que impuso una sanción económica al dirigente del partido, Björn Höcke, por la utilización en actos públicos de un lema históricamente vinculado al régimen nazi, tipificado en el artículo 86a del Código Penal alemán.
En decisiones previas, tanto el Tribunal Administrativo de Colonia como el Tribunal Administrativo Superior de Renania del Norte-Westfalia avalaron la legalidad de las medidas cautelares adoptadas por la agencia de inteligencia frente a la AfD y su organización juvenil, señalando que existían indicios suficientes para considerar fundada la sospecha de actividades con potencial lesivo para el orden democrático básico.
Posteriormente, se han presentado solicitudes ante el Tribunal Constitucional Federal solicitando que se examine la posible inconstitucionalidad del partido AfD, conforme a los mecanismos previstos en la Ley Fundamental para partidos políticos que persigan fines incompatibles con el orden democrático libre. En el contexto electoral, la AfD obtuvo el segundo mayor número de votos en las elecciones federales celebradas el 23 de febrero de 2025.
Ante la posibilidad de una eventual prohibición, el canciller federal saliente, Olaf Scholz, manifestó que deben observarse con cautela los principios de proporcionalidad y legalidad antes de adoptar medidas de proscripción contra formaciones políticas.
