El Gobierno español dictó una nueva normativa que prohíbe la inscripción directa en el Registro Civil de menores nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero.
La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia, busca reforzar la prohibición de esta práctica en España.
El objetivo principal de la instrucción es evitar que ciudadanos españoles eludan la prohibición nacional recurriendo a la gestación subrogada en otros países.
La medida se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español que por primera vez en diciembre de 2024 negó el exequatur a una resolución judicial norteamericana que validaba un contrato de gestación subrogada argumentando que era nulo y contrario al marco legal español, como también, a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reconoce a los países el derecho a adoptar medidas para dificultar esta práctica cuando está prohibida en su ordenamiento interno.
Las vías legales para la filiación se contraen ahora a demostrar el vínculo biológico con uno de los progenitores o la adopción posterior, bajo condiciones específicas.
De acuerdo a la instrucción no se aceptará en lo sucesivo documentación extranjera, tales como resoluciones judiciales, certificaciones registrales foráneas y declaraciones con certificados médicos del nacimiento para instar por la inscripción.
La decisión adoptada por el Ministerio de Justicia responde a demandas de colectivos feministas y de protección infantil, quienes argumentan que la gestación subrogada «supone una mercantilización del cuerpo de la mujer y de los menores».
«Los contratos de gestación subrogada constituyen una forma de explotación de la mujer y de daño al interés superior del menor», según ha declarado el Tribunal Supremo en varias sentencias.
Esta nueva instrucción marca un cambio significativo en la política española respecto a la gestación subrogada, cerrando vías que anteriormente permitían la inscripción de estos nacimientos en el extranjero.
Los países del entorno europeo han ido limitando o prohibiendo la práctica de la gestación por sustitución. Actualmente, países como Alemania, Francia, Italia y España la prohíben.
Instituciones como el Parlamento Europeo se han pronunciado contra esta práctica al considerarla “contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima».
A pesar de su prohibición desde 2006, en 2024, hasta 154 niños nacidos por vientre de alquiler fueron inscritos en el Registro Civil español en virtud de una resolución judicial extranjera.