Francia presentó una demanda contra la República Islámica de Irán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la cual solicita el cumplimiento de obligaciones internacionales relativas a la protección de sus ciudadanos detenidos en territorio iraní, Cécile Kohler y Jacques Paris, quienes fueron detenidos por las autoridades iraníes en 2022, durante una visita al país.
Desde la fecha de su detención, ambos se encuentran privados de libertad en territorio iraní. En su demanda, Francia sostiene que estos hechos constituyen una violación a la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979, específicamente en lo relativo a la detención de personas para influir en decisiones de otro Estado.
Según Francia, el propósito de dichas detenciones habría sido condicionar la liberación de sus ciudadanos a la extradición de personas detenidas en Francia, requeridas por Irán. Para fundar esta acusación, Francia incluye comunicaciones en las que se habría transmitido la propuesta de liberación condicionada por parte de las autoridades iraníes.
Asimismo, la demanda invoca la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, señalando la supuesta inobservancia de las disposiciones del artículo 36 por parte de Irán. En particular, se alega que Irán no notificó con prontitud a las autoridades consulares francesas la detención de sus nacionales, ni permitió el acceso consular adecuado, ni facilitó la gestión de su representación legal.
Francia afirma haber solicitado oficialmente información sobre el paradero de Kohler y Paris en 2022, sin haber recibido confirmación oficial de su detención hasta el 18 de junio del mismo año. A lo largo del período de privación de libertad —que, al momento de la presentación de la demanda, excede los 1100 días—, las autoridades consulares francesas solo habrían tenido acceso a los detenidos en cuatro ocasiones.
El caso se enmarca en un contexto internacional en el que órganos de derechos humanos, como el mandato de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, han manifestado preocupación por la práctica de detenciones utilizadas con fines de presión entre Estados. Francia ha solicitado que la CIJ declare la existencia de violaciones al derecho internacional y que se ordenen las medidas necesarias para restablecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Irán.
“Debido a prácticas sistemáticas que son claramente contrarias a la Convención de Viena de 1963 –como la retención de información sobre los procedimientos en curso, la prohibición de que las personas detenidas discutan su juicio con el Estado que envía y las circunstancias que rodearon el nombramiento de abogados que se mostraban reacios a comunicarse con el Estado que envía–, los funcionarios consulares franceses nunca pudieron brindar representación legal efectiva a la Sra. Cécile KOHLER y al Sr. Jacques PARIS”, señala la demanda.
“De estos elementos se desprende que el Irán ha incumplido y sigue incumpliendo sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención de Viena de 1963. Estos fallos comprometen su responsabilidad ante el derecho internacional, lo que conlleva diversas consecuencias, la primera de las cuales es la obligación de proporcionar una reparación integral”, concluye el libelo.