En una audiencia celebrada este jueves en Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inició el juicio por el caso de Celia Ramos Durand, una mujer de 34 años oriunda de una zona rural de Piura, Perú, que falleció en 1997 tras ser sometida a una esterilización forzada en el marco de un programa estatal de planificación familiar. Es el primer caso de este tipo que involucra a Perú y llega al tribunal interamericano, y el segundo a nivel regional, luego de un fallo contra Bolivia en 2016.
La audiencia forma parte del 176º período de sesiones de la Corte IDH, y en ella se escucharon los testimonios de la familia de Ramos, así como a peritos propuestos por ambas partes. Se estima que el fallo del tribunal podría conocerse en un plazo de ocho meses.
Celia Ramos fue una de las miles de mujeres esterilizadas durante la década de 1990, bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, implementado durante el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori. Según denuncias recogidas por la Corte, dicho programa se dirigió principalmente a mujeres pobres, indígenas, rurales y analfabetas, muchas veces bajo coacción y sin condiciones sanitarias adecuadas.
Durante la audiencia, Marisela Monzón Ramos, hija mayor de la víctima, relató entre lágrimas cómo la muerte de su madre desestructuró a su familia y denunció las graves deficiencias de la clínica donde se realizó la intervención: sin agua corriente ni insumos médicos necesarios. Ese mismo día, otras 14 mujeres habrían sido esterilizadas en el lugar.
Por su parte, la antropóloga estadounidense Kimberly Theidon, quien lleva 25 años investigando el caso y trabajó en comunidades rurales del Perú, afirmó que se trató de una política estatal de esterilización forzada con sesgo discriminatorio, como parte de una estrategia para reducir la pobreza y frenar posibles focos de subversión durante el conflicto armado interno. Según sus estudios, se esterilizó a más de 300.000 mujeres y 30.000 hombres en esa época.
Theidon también advirtió sobre la militarización del programa, que incluía operativos en comunidades acompañados por fuerzas armadas y ferias donde se ofrecía la ligadura de trompas a cambio de alimentos, lo cual podría constituir un mecanismo de coacción.
Desde el lado del Estado peruano, el perito Eduardo Manuel Buendía argumentó que la intervención fue informada y que existía un consentimiento firmado por Ramos. Sin embargo, los representantes legales de la víctima señalaron que dicho documento no fue entregado a la Corte, lo que pone en duda su existencia y validez.
El caso ha tenido un largo y fragmentado recorrido judicial en Perú. Tras la denuncia inicial de su esposo en 1997 y su posterior archivo, fue reabierto en 2011 y aún no hay condenas ni juicio. En paralelo, el Ministerio Público investiga desde 2002 más de 2.000 denuncias similares, y en 2021 acusó a Fujimori y a tres exministros de Salud. Sin embargo, en 2024 el Poder Judicial ordenó reformular la acusación bajo el nuevo código procesal penal.
“Lo que esperamos es que se conozca la verdad, que se haga justicia y que el Estado peruano asuma su responsabilidad”, expresó Monzón Ramos.
Este caso pone nuevamente bajo el foco internacional uno de los capítulos más oscuros de la política sanitaria peruana, en el que miles de mujeres fueron víctimas de procedimientos que hoy se consideran violaciones graves a los derechos humanos y a su dignidad.