Una mirada profesional desde el compliance y la auditoría forense
Como profesional con experiencia en auditoría forense, gestión institucional y cumplimiento normativo, no puedo sino observar con profunda preocupación las dimensiones éticas, técnicas y estructurales que revela el reciente informe de la Contraloría General de la República.
La constatación de que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencias médicas activas, representa más que un acto doloso: es el síntoma de una crisis de gobernanza en el aparato público. Este fraude, estimado en 350 millones de dólares anuales, pone en jaque no solo la probidad administrativa, sino también el contrato social sobre el cual se sostiene nuestra institucionalidad.
Una debacle anunciada: controles ineficaces y sistemas fragmentados
La lógica de control actual, basada en compartimentos estancos y sin mecanismos de interoperabilidad entre organismos como COMPIN, SUSESO y Fonasa, ha demostrado ser absolutamente ineficiente. Desde la auditoría forense, lo que observamos aquí es una ausencia total de trazabilidad y alertas tempranas, que impidió detectar prácticas anómalas que, con las herramientas digitales adecuadas, podrían haberse prevenido hace años.
Lo más grave no es solo el fraude en sí mismo, sino que el sistema permitió que ocurriera, sin generar ningún tipo de disuasión o sanción real hasta que la Contraloría hizo públicos los datos. En otras palabras: el sistema público toleró el abuso mientras nadie lo miraba.
Compliance público y ética: dos pilares ausentes
Uno de los grandes aprendizajes de este escándalo es la necesidad urgente de implementar modelos de compliance obligatorios en la administración pública. Sin estructuras que vigilen internamente el cumplimiento ético y legal, sin canales de denuncia efectivos y sin sistemas de consecuencias claras, cualquier norma se convierte en letra muerta.
Más aún, este caso revela una normalización cultural preocupante. Cuando un funcionario puede salir del país durante una licencia médica, o un médico puede prescribirse a sí mismo para atender pacientes en su consulta privada, estamos frente a una fractura del sentido ético del servicio público.
Hacia una agenda estructural de reformas
Las medidas anunciadas —comités de seguimiento, sumarios administrativos, restituciones económicas— son un inicio, pero no resuelven el problema de fondo. Urge avanzar hacia:
- Sistemas digitales integrados y fiscalización automatizada, con interoperabilidad total entre instituciones.
- Reforma legal que equipare las obligaciones del sector público con las del privado en materia de licencias médicas.
- Un nuevo estatuto administrativo con deberes explícitos de compliance y probidad.
- Educación en ética pública como eje transversal en la formación de funcionarios y directivos.
Reflexión personal: ¿Qué tipo de Estado estamos construyendo?
Como ciudadano y profesional comprometido con la integridad institucional, me duele constatar que seguimos naturalizando prácticas que degradan el servicio público. Este caso no es solo un número o una estadística; representa recursos que no llegaron a salud, a educación, a pensiones. Representa también la pérdida de confianza en un Estado que no logra corregir sus propios desvíos.
Me pregunto entonces: ¿qué ejemplo estamos dando a las futuras generaciones? ¿Qué tipo de Estado queremos construir? Un Estado fuerte, transparente y justo solo es posible si hay consecuencias claras para el abuso, pero también si hay una ética compartida que rechace frontalmente estas prácticas, sin matices ni excusas.
Porque no se trata solo de castigar. Se trata de reconstruir el valor del deber público y restablecer la dignidad de las instituciones. Y para eso, cada uno de nosotros, desde donde estemos, tiene un rol que cumplir.
Fernando Pérez Tapia es Fundador y Presidente de la Fundación Internacional de Auditores Forenses Certificados. Fundador y Presidente de la Fundación para la Gobernanza y Gestión Educacional.