La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la solicitud de certiorari presentada por la organización indígena “Apache Stronghold”. La solicitud tenía por objeto impugnar judicialmente la transferencia de un terreno federal denominado Oak Flat (Chí’chil Biłdagoteel), ubicado en el estado de Arizona, a una empresa privada dedicada a la minería.
Oak Flat es una extensión de aproximadamente 17 kilómetros cuadrados situada al este de la localidad de Superior, Arizona. De acuerdo con los antecedentes aportados por Apache Stronghold, el área contiene elementos de relevancia cultural, histórica y espiritual para la Nación Apache, incluyendo fuentes de agua, áreas de sepultura y vestigios arqueológicos.
El proceso de cesión de dicho terreno fue incorporado en una disposición legislativa aprobada durante la administración del presidente Donald Trump. En respuesta, Apache Stronghold interpuso una demanda ante el sistema judicial federal, solicitando la suspensión del acto administrativo. Posteriormente, bajo la administración del presidente Joe Biden, el Ejecutivo dispuso la suspensión provisional del proceso a efectos de consulta con agencias federales y representantes de comunidades indígenas.
El litigio avanzó hasta llegar al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que resolvió, por una votación de seis contra cinco, confirmar la validez de la cesión, desestimando los argumentos relativos a la afectación de derechos constitucionales y legales de libertad religiosa invocados por la parte demandante.
Tras este fallo, la organización elevó su causa ante la Corte Suprema, alegando una presunta infracción a lo dispuesto en la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (Religious Freedom Restoration Act). Según los solicitantes, la transferencia constituiría una carga sustancial sobre el ejercicio religioso de la Nación Apache, al tratarse de un lugar vinculado a prácticas tradicionales.
La Corte Suprema, ejerciendo su facultad discrecional, decidió no revisar la sentencia del tribunal de alzada. La resolución fue acompañada de una opinión disidente suscrita por los jueces Neil Gorsuch y Clarence Thomas, quienes manifestaron su desacuerdo con la negativa del máximo tribunal a conceder revisión del caso, argumentando la existencia de cuestiones jurídicas relevantes en materia de libertad religiosa aplicadas a pueblos originarios.
“Apache Stronghold nos solicita que revisemos la extraordinaria conclusión del Noveno Circuito. Sin embargo, el Tribunal hoy desestima la solicitud del grupo. Respetuosamente, esto constituye un grave error. Este caso cumple con todos los estándares que solemos aplicar al evaluar las peticiones de certiorari: la decisión que se presenta a continuación es muy dudosa en derecho, adopta una perspectiva jurídica contraria a la expresada por otros tribunales federales de apelaciones y es de vital importancia. Antes de permitir que el gobierno destruyera el sitio sagrado de los apaches, este Tribunal debería al menos haberse tomado la molestia de escuchar su caso”, señaló el juez Gorsuch en su opinión disidente.