Una de las tareas pendientes del sistema de justicia chileno sigue siendo el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia. Si bien se han impulsado importantes avances en materia de modernización, aún persisten prácticas y estructuras que dificultan el ejercicio oportuno y asequible de los derechos por parte de las personas. Un ejemplo reciente ha sido el debate en torno a los aranceles que cobran los receptores judiciales y la falta de uniformidad entre lo que establece la normativa y lo que ocurre en la práctica.

Tal como se ha señalado en una reciente nota de prensa (el Mercurio 11 de junio) los receptores judiciales –quienes cumplen funciones esenciales como la notificación de demandas o la toma de audiencias testimoniales– muchas veces cobran montos significativamente superiores a los fijados por el decreto correspondiente. Esta situación puede generar obstáculos concretos para las personas con menos recursos y afecta la continuidad y eficacia de los procedimientos judiciales. Si un proceso se estanca o se vuelve costoso debido a las dificultades para notificar, el riesgo es claro: el derecho a la tutela judicial efectiva se debilita.

En este contexto, las nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad concreta para hacer más eficiente y equitativa la administración de justicia. Hoy, muchos procesos judiciales se ven obligados a recurrir a mecanismos como la notificación por avisos en el Diario Oficial, una medida subsidiaria que suele utilizarse cuando no se logra ubicar al demandado. Esta fórmula, sin embargo, además de ser costosa, plantea serias dudas respecto de su efectividad, pues muchas personas jamás se enteran de que han sido notificadas.

Frente a esto, resulta legítimo preguntarse si no deberíamos avanzar, al menos en ciertos tipos de relaciones jurídicas –especialmente aquellas que tienen como fuente un contrato (como arriendos, compraventas o prestaciones de servicios) o la ley (como las obligaciones de familia)– hacia mecanismos de notificación más modernos, seguros y accesibles.

Una alternativa plausible sería la incorporación del domicilio electrónico judicial validado, por ejemplo, mediante la Clave Única. Este sistema permitiría notificar a las partes con mayor certeza y trazabilidad, reduciendo costos y tiempos. En casos de obligaciones alimentarias, por ejemplo, podría establecerse normativamente que el alimentante registre y mantenga activo un canal electrónico oficial. Del mismo modo, los contratos privados podrían incluir esta forma de notificación como condición expresa, incorporándose paulatinamente como práctica habitual en la redacción contractual.

Este tipo de soluciones no implican reemplazar al receptor judicial ni desconocer su rol, sino complementarlo estratégicamente con herramientas digitales que eviten dilaciones innecesarias y aseguren que los procesos no dependan exclusivamente de la capacidad económica de las partes. En definitiva, se trata de equiparar las condiciones de acceso a la justicia y hacerla más eficiente sin sacrificar garantías procesales.

La transformación digital de la justicia no es un fin en sí mismo, sino una vía para acercar el derecho a las personas, reducir las brechas de desigualdad y garantizar que el curso de un proceso no dependa de la buena voluntad de un tercero o de los recursos disponibles para costearlo. La tecnología está disponible. El desafío ahora es generar las condiciones normativas, técnicas y culturales para integrarla de forma sistemática y responsable.

El Dr. Sebastián Bozzo Hauri, Decano Facultad de Derecho Universidad Autónoma y Prof. Titular Módulo Jean Monnet IA y Derecho Privado Europeo